El diputado Welmer Ramos, representante de la provincia de Heredia por el primer lugar del Partido Acción Ciudadana (PAC), se resiste a dejar la curul a pesar de la presión del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la de sus compañeros de fracción y la de los medios de comunicación.
El legislador insiste en que la letra menuda del compromiso que firmó el miércoles 20 de diciembre del 2017 establece que se apartaría del cargo “en caso de que se demuestre que incurrí en una falta al deber de probidad”.
“Para que Welmer renuncie falta mucho. He actuado honestamente. No se vale señalar culpables sin pruebas, solo por meras sospechas”, afirmó el congresista.
La sombra del cementazo le cayó encima al legislador al darse a conocer que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) lo denunció penalmente por el delito de tráfico de influencias.
“Don Welmer tiene que honrar ese compromiso asumido en diciembre del 2017 ante quien era el candidato y ante la ciudadanía. Creo que al elevar la Procuraduría esto como una denuncia, esto procede para materializar el compromiso”, indicó el mandatario Alvarado.
Ramos era ministro de Economía en la administración de Luis Guillermo Solís cuando se aprobó la apertura del duopolio de la comercialización del cemento al permitir que entrara en el mercado el empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
