Las negociaciones por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) iniciarán este 2 de junio del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Representantes del Gobierno y de las cinco universidades públicas, a las que se suma el movimiento estudiantil, sostendrán un pulso por cuánta harina se asigne.
Habrá reuniones entre las partes durante todo junio y luego se programarían otras si fuera necesario.
Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el FEES “constituye la principal fuente de financiamiento para las cinco universidades públicas, según lo establece la Constitución Política”.
El funcionario argumentó que se requiere un presupuesto adecuado que permita a las universidades aportar al desarrollo del país.
Por parte del Gobierno, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dijo: “Espero que este año haya más cordialidad, que los estudiantes comprendan que aquí no es un tema de que a la ministra le da la gana o no le da la gana dar dinero”.
Müller aludió a las manifestaciones de estudiantes del 2022, que obligaron al Gobierno a olvidarse de hacer recortes a este presupuesto, tal como lo había planteado.
La administración de Rodrigo Chaves y las universidades públicas están en desacuerdo sobre el uso del dinero.
En el 2022 se intentó regular el FEES con un proyecto de ley, que de acuerdo con el mandatario obligaría a un uso más eficiente de los recursos y a rendir cuentas, pues se ha criticado que gran parte del dinero se destina al pago del salarios.
Desde las casas de enseñanza se acusó a Chaves de usar este tema para manipular a la opinión pública y se justificaron con que se paga lo justo al personal, pero que no han aumentado este gasto a diferencia del que está destinado a las becas.
En ese entonces se acordó un monto de ₡564.000 millones para el 2023 y que se realizaría una evaluación de resultados.
La ministra Müller espera conocer estos resultados: “Este año vamos a revisar lo que han logrado y cuáles son los indicadores para el siguiente año”.
Sin embargo, los representantes de las federaciones de estudiantes de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA) exigen “eliminar los indicadores impuestos a las universidades por el Gobierno, pues implican una violación a la autonomía”.
Pinta que se viene una disputa brava.