El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aseguró que el proyecto Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se basa en una serie de falacias expuestas en sus motivos.
Por tal razón recomendó a los diputados de la Comisión Especial de Educación no darle su aprobación para ir al plenario de la Asamblea Legislativa.
Carlos Palma, miembro del Consejo, denunció que el proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo intenta que el Gobierno tome el control de las universidades públicas a través del presupuesto y lo calificó de “inoportuno, improcedente y peligroso porque violenta el modelo de Estado con autonomías”.
Recordó, además, que en la Constitución Política de 1949 se crearon las autonomías para evitar la centralización del poder.
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La miembro del Consejo, Carmela Velázquez, comentó: “Este proyecto de ley está sustentado en una serie de falacias cuya intención es manipular a la opinión pública (…) es alarmante porque tiene una intención de control que no habíamos visto desde la promulgación de la Constitución de 1949”.
El presidente del Consejo, Germán Vidaurre, expuso las cuatro falacias del proyecto: que el FEES requiere una ley específica para su establecimiento cuando ya está regulado por el artículo 85 de la Constitución, que el Poder Ejecutivo puede regular la asignación de recursos a la Educación Superior Estatal cuando la Constitución garantiza la autonomía de las universidades.
La tercera falacia, según Vidaurre, es que las universidades públicas utilizan los recursos en actividades distintas a las que deberían.
Al respecto dijo que al ser instituciones públicas que requieren personal especializado a éste se le paga como se debe, no obstante, aseguró que la partida de gasto en remuneraciones no aumentó, mientras que sí se hizo con la de becas.
Por último, se critica que las universidades ofrecen carreras diferentes a la demanda del mercado de trabajo, a lo que Vidaurre contrastó con el argumento de la alta empleabilidad de los egresados.
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El presupuesto del FEES se estima en ₡567.552 millones, que se reparten entre la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y ahora incluye también a la Universidad Técnica Nacional.
El Gobierno ha manifestado dudas sobre el uso efectivo de los recursos y envió el proyecto de ley para obligar a un empleo eficiente de éstos.