La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo que interpuso la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el que pretendía evitar que la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) le entregara datos de las deudas de clientes bancarios.
La ABC presentó el recurso el 29 de agosto del 2023. El argumento era que en noviembre del 2022, la Junta Directiva del BCCR pidió que Sugef le diera acceso a información de todas las operaciones de crédito que le envían las instituciones que supervisa. El BCCR sostiene que la necesita para elaborar estadísticas.
Sin embargo, la ABC sostiene que la petición del Banco va contra el artículo 24 de la Constitución, que establece: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”.
Esto es así porque la Sugef entregaría datos con información crediticia que contienen datos personales de acceso restringido.
La superintendenta, Rocío Aguilar, está en contra de la entrega de información. En consecuencia, el 21 de abril de 2023, el BCCR denunció a Sugef ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
Como parte de la investigación, la Fiscalía allanó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). También emitió un comunicado en el que aclaró: “La Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por la Sala Constitucional”.
Con el recurso de amparo de la ABC, el sector bancario esperaba detener la orden del BCCR.
No obstante, los magistrados determinaron que no se indicó “un caso concreto en que se hayan visto afectados o amenazados los derechos fundamentales de alguna persona en específico. El recurso resulta inadmisible”, se lee en el fallo.
Especialistas en Derecho Informático, como el abogado Adalid Medrano, advirtieron que la exigencia del BCCR “debe levantar todas las alarmas”, porque habría abusos en usar la información para perseguir disidentes con un gobierno más vigilante, también un riesgo relacionado con la violación de la intimidad y que delincuentes accedan a más información con un solo jaqueo.
