La Defensoría de los Habitantes reveló un aumento de más del 15% en denuncias que personas con discapacidad presentaron al considerar que se les ha violentado sus derechos establecidos en la ley 7600.
Cada 29 de mayo se celebra en el país el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En este 2023, se cumplen 27 años de que se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con un reporte de la institución, en el 2022 se recibieron 376 denuncias vs. las 321 del 2021, es decir una diferencia de 55 más.
Más de la mitad de los casos (203 de los 376) ocurrieron por violación del derecho a la seguridad social de esta población. En general, están relacionados con trámites de las pensiones del Régimen No Contributivo, a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En segundo lugar le siguen 92 denuncias (24% del total) por violación del derecho a la protección especial. Esto se refiere a “acciones u omisiones en la atención y asistencia de personas con discapacidad, dilación o negativa injustificada en trámites administrativos por su condición de persona con discapacidad, falta de recursos para la ejecución de políticas públicas de personas con discapacidad”.
Hubo 30 reclamos por la violación al derecho a la educación de las personas con discapacidad. Tal situación preocupa a la Defensoría, porque entre más baja sea la escolaridad, aumenta la posibilidad de caer en situación de pobreza.
Las provincias donde se presentaron más denuncias fueron San José, con 114, y Puntarenas, con 91. Le siguen Alajuela, con 58; Guanacaste, con 57; Heredia, con 19; Cartago, con 14, y Limón, con 13. La población entre 45 años y 54 años interpuso más denuncias con 36 (11%).
