La evidente reconciliación del empresario Carlos Luis Rodríguez Vargas (76 años) con su esposa, Elena Correa Usuga (33 años), más allá de un nuevo episodio rosa en su vida representa una burla hacia el sistema judicial costarricense.
El desperdicio de recursos y energía que significa para el Poder Judicial y, finalmente, para los ticos, que pagan por estos servicios públicos con sus impuestos, es incalculable e indignante.
Los esfuerzos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fiscales del Ministerio Público y jueces de la República se han centrado, desde principios del 2023, en determinar los motivos de esta “separación” y si alguno cometió delitos en la intimidad de su relación.
Si la Miss Costa Rica 2017 se clavó $50.000, un relojazo Rolex Daytona o le escondió los pasaportes a su amorcito o, bien, si Rodríguez la maltrató no debería quitarles espacio en las agendas a las autoridades de lo que sí es importante: la guerra de frente contra el crimen organizado, el verdadero enemigo.
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La cuestión es que la institución no se puede resistir en atender las denuncias que surjan de la pareja, así como de cualquier ciudadano.
Cualquier acusación de un bando o de otro, en el caso Correa – Rodríguez, ya no tiene el más mínimo sentido discutirlo.
Desde finales de diciembre del 2023 se soltó el rumor de que habían vuelto y el asunto pareciera aún más claro con unas imágenes que circularon en redes, donde la pareja se dejó ver muy acaramelada en Puerto Viejo, en el Caribe sur, Limón.
El cuadro en la playa paradisiaca, una de las más hermosas de Tiquicia, contrasta por completo con aquel sufrimiento que brotó, la mañana del 16 de junio del 2023, cuando el OIJ de Heredia allanó un chozón, en San Rafael, de donde sacaron esposada y con la cara tapada a Correa.
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El escandalazo se armó al darse a conocer que la investigaban por cuatro presuntos delitos: estafa informática, hurto, explotación patrimonial e incumplimiento de medidas de protección en perjuicio de una persona adulta mayor.
El operativo llegó días después de que el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia le ordenó a Rodríguez que debía depositarle ¢4 millones por pensión.
Lo que siga en la novela, ya no debería hacer gracia. Ya perdimos.