Los comentarios de la presidente Laura Fernández sobre los efectos positivos de permitir operativos de fuerzas terrestres estadounidenses en Costa Rica ya dieron de qué en el país, pero también están haciendo eco en el exterior. En Internet, seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinan que la intervención estadounidense golpearía al crimen organizado en Costa Rica.
El pasado viernes 4 de setiembre, Laura Fernández dijo a la agencia Reuters “Yo expliqué cuáles son los canales legales que requeriría Costa Rica para algo así. Evidentemente, le haría muy bien a la seguridad nacional si se trata de la persecución de algún objetivo en común del crimen transnacional, del narcotráfico transnacional, del terrorismo transnacional”.
En las redes sociales, cuentas favorables al presidente Donald Trump reaccionaron a las palabras de Fernández. En una publicación se lee: “la operación terrestre se dirigiría estrictamente contra el narcotráfico transnacional, el terrorismo y el crimen organizado. El país se ha transformado rápidamente en un cuello de botella crítico de tránsito para los envíos de cocaína sudamericana con destino a los mercados occidentales”.
Las respuestas son variadas, pero entre las favorables abundan opiniones de que es una medida necesaria para enfrentar un tipo de delincuencia para la cual Costa Rica no está preparada y si una fuerza extranjera puede poner orden, que así sea. Por otro lado, quienes están en contra argumentan que introducir una fuerza militar va contra la cultura del costarricense y daría lugar a abusos contra los civiles.
A pesar de toda la discusión que generó la idea, la presidente Fernández afirmó que en realidad no existe ningún proyecto en la corriente legislativa para solicitar el apoyo estadounidense. Ni tampoco considera pedir a los diputados que voten para levantar las garantías individuales o introducir el estado de excepción como lo hizo el presidente Bukele de El Salvador.
Fernández dijo que la cantidad de homicidios en el país disminuyó en la primera mitad del año y recordó que los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran una caída del 14% respecto al mismo periodo de 2025.
