Con un cálculo milimétrico, la Sala Cuarta repartió un comunicado de prensa minutos antes de la conferencia de Consejo de Gobierno de los miércoles, que organiza Casa Presidencial, para adelantársele al presidente, Rodrigo Chaves, y congeló, este 26 de noviembre del 2025, cualquier intento de subasta o concurso en el que se les adjudique frecuencias de radio o televisión a quienes participaron del proceso.
La decisión no fue colegiada: el magistrado instructor Paul Rueda fue quien tomó la resolución, algo que puede darse y es normal y que congela el proceso hasta que se resuelva el amparo en sentencia o se disponga lo contrario.
El comunicado oficial explica que la suspensión busca evitar “una disminución significativa de los servicios de radiodifusión” y prevenir “daños severos”. El lenguaje es genérico, pero el trasfondo es claro: la Sala detecta riesgo de que el concurso público afecte la continuidad de emisoras y televisoras.
La metodología de fijación de precios y el llamado a concurso son tareas técnicas de SUTEL, no decisiones discrecionales del Ejecutivo. Esa narrativa oficial ha recibido críticas: solo cuatro televisoras se presentaron, junto con 20 emisoras en FM y una en AM. El dato parece reflejar desinterés, pero varias emisoras culturales y comunitarias están blindadas por decreto y no estaban obligadas a concursar.
El recurso de amparo, inicialmente contra el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, se amplió al Ministerio de la Presidencia y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. El alcance político es evidente: ya no se cuestiona solo la gestión técnica, sino la línea del Ejecutivo.
El timing convierte la suspensión en un golpe mediático: el Gobierno hablaba de modernización, pero la Sala prefirió parar la fiesta antes de que se armara el apagón.
