Los expedientes se van apilando en los despachos de la Sala Constitucional mientras los diputados continúan sin nombrar a los magistrados suplentes para esta dependencia del Poder Judicial. El pasado miércoles 10 de junio, terminó sin resultados la tercera ronda de votación en la Asamblea Legislativa sin que los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) apoyaran a ningún candidato.
El comunicado que emitió la Sala Cuarta dice: “Resulta importante hacer de conocimiento que actualmente se registran 87 expediente con inhibitorias, situación que incide directamente en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas que han requerido los servicios del Tribunal Constitucional”.
Los diputados de la Comisión de Nombramientos recibieron una lista de 18 aspirantes a llenar los puestos vacantes de magistrados suplentes, elaborada por la Corte Suprema de Justicia. Luego de entrevistarlos y analizar sus perfiles escogerían a nueve candidatos, cada uno de ellos necesitaría al menos 38 votos en el Plenario para ser electo en el puesto.
No obstante, 29 diputados de la fracción oficialista votaron a favor de una moción para pedir a la Corte Suprema una nueva lista de aspirantes. La Sala Cuarta lamentó que no se designara a ningún magistrado y explicó: “Tanto la Sala Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, desarrollaron un proceso de selección caracterizado por su rigor, transparencia y estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”.
Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, justificó el apoyo a la moción: “La elección de magistrados y magistrados suplentes son de las más importantes que tiene la Asamblea Legislativa. Por eso tenemos que hacerlo con responsabilidad: necesitamos analizar la idoneidad, la trayectoria, el perfil de las personas, pero, particularmente, cuál es su vocación”.
Mientras tanto, Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, manifestó su preocupación por los ciudadanos que requieren respuestas de la Sala: “Esto constituye un atropello al derecho fundamental de estas personas a la tutela judicial efectiva. Por ende, estamos preocupados, ya que se trata de ciudadanos que han requerido los servicios del tribunal constitucional”.
