Marcela Gálvez es la médica institucional en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling (antes llamada el Buen Pastor), en San Rafael Arriba de Desamparados. En su horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. no solo tiene que atender a las reclusas, sino también responder a los recursos de amparo que ellas interponen.
La Sala Constitucional ordenó que este centro penitenciario incorpore a un médico adicional y a una enfermera ginecobstetra, así como tanques de oxígeno. Esto parte de un recurso de amparo que presentó una interna que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, un mal que le provoca dificultad para respirar.
De acuerdo con la reclusa, los jueces de ejecución de la pena ya habían ordenado que se garantizara atención médica prioritaria, pero la sobrecarga de trabajo de Gálvez le impide cumplirla. Aseguró que la cárcel no cuenta con tanques de oxígeno para atenderla y que es difícil que le den salida de emergencia por la falta de custodio y unidades móviles.
Agregó también que desde hace tres años no tienen a un obstetra (especialista en atención de mujeres durante el embarazo y el parto) y a la doctora Gálvez le ha tocado cubrir esta función. Por lo tanto, afirma que ella y otras internas temen morir debido a no recibir atención oportuna en una emergencia.
La Sala Cuarta declaró parcialmente con lugar este recurso de amparo y ordenó al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y al director del CAI, Andrés González, así como a Marcela Gálvez, en su condición de jefa de Servicios de Salud, que en seis meses se dote al centro penitenciario de tanques de oxígeno y de más personal médico.
