La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega y otros nueve congresistas toparon con pared en la Sala Cuarta al intentar frustrar un proyecto de ley que concede ¢162 millones a la asociación Obras del Espíritu Santo, que lidera el padre Sergio Valverde.
Vega impulsó una consulta ante los magistrados para que determinaran si la iniciativa de fortalecer la acción social de la organización que encabeza el sacerdote era inconstitucional.
De acuerdo con un informe oficial de la oficina de prensa del órgano judicial, se evacuó la inquietud de los legisladores y «no contiene vicios de constitucionalidad en los términos en que fue planteada».
El argumento de la diputada PAC y el resto de firmantes (Nielsen Pérez, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero y Enrique Sánchez, del PAC; Paola Valladares y Yorleny León, del PLN; el frenteamplista José María Villalta y la diputada independiente Zoila Volio) es que no había fundamento técnico para entregarle esos dineros a Obras del Espíritu Santo.
El proyecto lo presentó en el Congreso el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca. La plata saldría de la Junta de Protección Social (JPS).
Solo queda pendiente su aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa.
