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El 7 seguirá pagando ₡120.000 al año por la frecuencia gracias a la Sala IV

Un recurso de amparo llevó a que se anulara con el concurso para adjudicar las frecuencias de radio y televisión del país, ya que los magistrados de la Sala Constitucional declararon incostitucional el procedimiento de licitación mediante subasta que aprobó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el 19 de setiembre de 2025.

Desde la Sala Cuarta se justificó el voto porque el concurso público tenía como único criterio “la oferta económica más alta”. Los magistrados consideraron que “favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales” y hacía peligrar principios constitucionales como la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

Giovanni Delgado, vecino de Paraíso de Cartago, fue el autor del amparo. Él opinó que con esta sentencia “hoy se escribe una nueva página en la libertad de comunicación en Costa Rica”, y explicó “el recurso especialmente hace justicia para aquellas personas de los pueblos alejados, aquellas personas que encontramos en la televisión y radio un medio de comunicación para todos los costarricenses”.

El Tribunal Constitucional también ordenó a la Sutel y al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) garantizar que no se interrumpan los servicios de radiodifusión en cuanto no se adjudiquen las frecuencias con otro método, que esta vez tome en cuenta el pluralismo para “una distribución equitativa, transparente e igualitaria de la totalidad del espectro radioeléctrico”.

El problema del vencimiento de las frecuencias y el monto que deben pagar los medios de comunicación está presente desde el inicio del gobierno de Rodrigo Chaves en 2022. La ley que establecía el monto de las concesiones era de 1954 y el Estado recibía una cantidad ridícula. La Sutel finalmente ordenó realizar la subasta en setiembre de 2025, pero en noviembre de ese año la Sala Cuarta detuvo el proceso.

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, denunció un supuesto acuerdo entre René Picado, dueño de Televisora de Costa Rica, y magistrados de la Sala Constitucional para que lo favorezcan en la asignación de frecuencias. Chaves había expresado entonces que los magistrados “interpretan la Constitución como les da la gana” y agregó: “si votan ese fallo me van a escuchar por años, presidente o no”.

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