- Sindicatos presentaron este viernes 9 de octubre de 2026 un manifiesto en la CCSS y SINTAF una denuncia en la Sala Constitucional por el caso de Rocío Alfaro.
El movimiento sindical asegura que el Consejo de Gobierno dejó vencer el plazo que le dio la Sala Constitucional para tramitar el nombramiento de Rocío Alfaro Molina como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según la denuncia, que cuenta días hábiles, el plazo venció el miércoles 7 de octubre de 2026.
Alfaro, exdiputada, fue elegida por el movimiento sindical el martes 9 de junio de 2026. El Consejo de Gobierno rechazó su nombramiento el miércoles 24 de junio de 2026.
La Sala Constitucional anuló ese rechazo el jueves 13 de agosto de 2026. Y el jueves 24 de septiembre de 2026 ordenó al Consejo de Gobierno, por medio del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, hacer en ocho días lo necesario para tramitar la propuesta sindical. La orden se notificó el viernes 25 de septiembre de 2026.
La denuncia por incumplimiento de sentencia la presentó este viernes 9 de octubre de 2026 el Sindicato de Trabajadores de Farmacia y otros servicios de la CCSS (SINTAF). La firma su secretario general, Edwin Ricardo Solano Madrigal, y dice que, «según la información disponible», no se cumplió lo ordenado.
Solano dijo, en un video frente a la Sala, que el Gobierno no ha hecho nada para cumplir la orden.
Alfaro dijo que varias organizaciones fueron este viernes 9 de octubre de 2026 a la CCSS a presentar un manifiesto. Contó que les cerraron las puertas de ingreso al edificio, lo que, según ella, también dejó sin servicio a quienes iban a hacer trámites y a trabajadores que iban a cumplir su jornada.
Para Alfaro, el Gobierno «traspasó la línea del Estado de derecho» y está en una «ruptura de orden constitucional». Y avisó que, si es preciso, llamarán a defender «en las calles» la democracia y la Caja.
También dijo que, sin el representante sindical, la Junta solo puede sesionar como «funcionario de hecho» y atender decisiones de emergencia. Aun así, según Alfaro, convoca una mesa técnica para cambios en el sistema de pensiones sin «una voz fiscalizadora que no esté 100 % alineada con el Gobierno».
La Junta de la CCSS acordó el lunes 4 de mayo de 2026 crear una mesa técnica nacional para analizar el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. La Caja ha dicho que las propuestas que se discutan ahí no son decisiones institucionales.
Un comunicado firmado por 20 organizaciones sindicales y sociales habla de «ruptura del orden constitucional» y de «desacato» a la Sala. Anuncia que pedirán declarar la desobediencia y la ejecución forzosa de la sentencia, y pide mantenerse en alerta para posibles acciones de calle.
El Gobierno ha defendido otra posición. El miércoles 2 de septiembre de 2026, la presidenta Laura Fernández dijo que no nombrarán a Alfaro y habló de un «nombramiento ilegal». Según ella, Alfaro incumple los requisitos de la Ley Orgánica de la Caja y tiene familiares trabajando en la institución.
Eso fue antes de la orden del jueves 24 de septiembre de 2026. Los sindicatos dicen que esos argumentos ya los desestimó la Sala por unanimidad.
Hasta este viernes 9 de octubre de 2026 no se conocía una respuesta del Consejo de Gobierno a la denuncia.
