El exalcalde de San José, Johnny Araya, vuelve a colocarse en el centro del denominado caso Diamante, luego de que un tribunal ordenara reanalizar pruebas clave y evitara, por ahora, un golpe que habría debilitado seriamente la causa.
La resolución se da tras una apelación del Ministerio Público, que cuestionó un fallo previo en el que se habían excluido escuchas telefónicas y otra evidencia fundamental para la investigación. Dichas pruebas habían sido consideradas ilegales en primera instancia, lo que generó incertidumbre sobre el futuro del expediente.
Con la nueva decisión, el tribunal no valida ni descarta definitivamente esas pruebas, sino que ordena que otro juez revise su legalidad. Este giro mantiene abierta la investigación y devuelve el caso a una etapa clave de análisis judicial.
El caso Diamante investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación de obra pública municipal, en la que figuran alcaldes, funcionarios y empresarios. Johnny Araya fue uno de los nombres más relevantes desde el inicio del proceso, tras su detención en octubre de 2021 durante una serie de allanamientos a nivel nacional.
Aunque el proceso aún no define responsabilidades penales, la situación jurídica de Araya —al igual que la del resto de implicados— queda sujeta a lo que se determine sobre la validez de las pruebas. Si estas son finalmente admitidas, el caso podría fortalecerse de cara a una eventual acusación formal.
Por el contrario, si se ratifica su exclusión, la causa enfrentaría nuevamente un escenario de debilitamiento significativo, con posibles efectos sobre todos los investigados.
Por ahora, la decisión del tribunal representa un respiro para la Fiscalía y mantiene en suspenso el futuro judicial de una de las investigaciones más relevantes en materia de corrupción municipal en Costa Rica.
