La esperada reunión entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la Contralora Marta Eugeni Acosta, y sus respectivos equipos terminó sin que ninguno diera el brazo a torcer. El Poder Ejecutivo está convencido que los proyectos que impulsa están paralizados por interpretaciones de la ley y la Contraloría afirma que la forma en que el Gobierno los trata de sacar adelante es incorrecta.
“Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo”, dijo en más de una ocasión el mandatario. El presidente Chaves cree que la Contraloría General de la República (CGR) se está deteniendo demasiado en “leguleyadas” que impiden continuar con la compra de escáneres para detectar droga en puertos y aeropuertos o la construcción de Ciudad Gobierno.
Desde la Contraloría se afirmó que el Gobierno cometió varios errores en los procedimientos. En el caso de Ciudad Gobierno argumenta que no hubo estudios de preinversión y en el de los escáneres no se hizo un estudio de mercado y tampoco considera que Radiográfica Costarricense (Racsa), sea el ente idóneo para dar el servicio.
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La Contralora insistió en que la forma en que se estaban realizando los proyectos no iba de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, y pidió al Poder Ejecutivo que la revise. El Presidente reafirmó su posición que las trabas de la Contraloría se basan en “que están interpretando de una manera que no es literal un artículo de la Ley de Contratación Pública”.
“El Gobierno de la República va a seguir persiguiendo los objetivos de limpiar a nuestro país del narcotráfico internacional y del crimen organizado, y eso requiere escáneres. Estamos buscando todas las opciones para poder solventar lo que de nuestro punto de vista es… una interpretación no clara, un poco peculiar de algo que es necesidad nacional e inmediata”, declaró Chaves después de la reunión.
Rodrigo Chaves no ocultó su frustración al observar que la CGR “se para en la manguera cuando la casa está ardiendo” y recordó que con los escáneres se lucha contra el narco y construyendo Ciudad Gobierno el Estado ahorraría mucho dinero de alquileres de edificios.
A eso se añade que la Marta Eugenia Acosta recordó al Presidente Chaves que en caso de no llegar a un acuerdo se puede abrir un proceso judicial contencioso. No obstante, al ser cuestionada por el Presidente, Acosta admitió que estos procesos duran muchos años.