Aunque el presidente, Rodrigo Chaves, vetó el proyecto de ley que permitiría la jubilación anticipada a los 55 años para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con permiso de portación de armas, todo indica que la Asamblea Legislativa le pasará por encima con un resello.
La propuesta, contenida en el expediente 22.817, adiciona los artículos 226 bis y 226 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial y permitiría a los funcionarios retirarse con el 82% del promedio de sus últimos 240 salarios si han cumplido al menos 30 años de servicio en puestos que exigen portar armas.
El texto fue aprobado en segundo debate el 22 de abril del 2025 con 40 votos a favor y únicamente siete en contra, todos de la bancada oficialista.
La decisión del Poder Ejecutivo fue un veto total, según consta en el oficio PR-P-0010-2025 y se sustenta en tres criterios: oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
La Presidencia adjuntó como sustento técnico la Valuación Actuarial 2024 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y un estudio consolidado sobre los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Entre las preocupaciones del Ejecutivo figura el riesgo de que se genere un trato desigual con otras fuerzas de seguridad, como la Fuerza Pública, cuyos oficiales no tienen acceso a condiciones similares.
El presidente incluso ha calificado el plan como una “alcahuetería” y ha cuestionado en varias ocasiones por qué se les darían beneficios adicionales a los detectives judiciales.
Por el contrario, los defensores del proyecto argumentan que la medida no afecta la sostenibilidad del régimen del Poder Judicial, que existe desde 1937 y se financia de manera independiente al de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Ahora, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de aplicar el resello legislativo, para lo cual necesita al menos 38 votos. De mantenerse el apoyo mostrado en el segundo debate, el veto quedará sin efecto y la ley será firmada y publicada obligatoriamente, sin la intervención del Ejecutivo.
El proyecto lo presentó, en el 2021, el exdiputado Dragos Dolanescu, y lo retomó la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) Alejandra Larios.
Régimen sin cargo al presupuesto
El régimen de pensiones del Poder Judicial, creado en 1937, es un sistema contributivo exclusivo para los funcionarios judiciales y se diferencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CCSS.
Una de sus características principales es que no depende del presupuesto nacional y se financia con aportes directos de sus beneficiarios y del Poder Judicial.
Según datos de la Valuación Actuarial 2024, este fondo aún tiene sostenibilidad, aunque existen alertas sobre la necesidad de ajustes graduales a largo plazo.
Los defensores del proyecto aseguran que la pensión anticipada no comprometería las finanzas del fondo, ya que aplicaría únicamente a un grupo específico de funcionarios que cumplen condiciones muy delimitadas: 55 años de edad, permiso de portación de armas y 30 años de servicio.
Además, el diseño contempla una fórmula proporcional para quienes no alcancen ese tiempo, con jubilaciones escalonadas desde los 20 años de servicio en adelante, sin incluir tiempo laborado en instituciones de derecho público no estatales.
