El único odontólogo forense de Costa Rica y quien analizó las mordeduras en el cuerpo de la anestesióloga María Luisa Cedeño, entre muchos otros casos importantes en los que participó, renunció al Poder Judicial.
José Manuel Fernández Chaves, de la Unidad de Odontología Forense del Departamento de Medicina Legal, presentó su renuncia este lunes 8 de enero del 2024 para ser efectiva a partir del 15 de enero, mediante una carta dirigida al Consejo Superior del Poder Judicial.
En la extensa misiva, Fernández, con 17 años de trayectoria, expone una serie de razones por las que se va, entre ellas un bajísimo salario, un trato denigrante hacia su profesión y actitudes que desvalorizaban su persona, tanto, que se ha sentido como “víctima de violencia doméstica”.
En el 2004, Fernández ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia, para cursar la especialidad en Odontología Legal y Forense, que se costeó con sus propios recursos, también estudió Patología y Cirugía Oral y cursó la especialidad en Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.
Su salida, que se suma a la de 23 médicos forenses y 12 médicos psiquiatras quienes han renunciado en los últimos años y que Fernández menciona con nombre y apellidos, debilita aún más al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), precisamente por la fuga de personal en momentos críticos de alta criminalidad y sicariato.
Su labor era trascendental, pues además de identificar cadáveres y restos óseos, también valoraba lesiones personales por accidentes de tránsito, accidentes laborales, violencia de género, maltrato infantil y casos por pensión alimentaria, según detalla en la carta de renuncia.
Analizaba casos de violencia común, estimación de edad en casos de flagrancia o en menores enviados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), recursos de amparo, maltrato de adultos mayores y negligencia, huellas de mordedura, mal praxis, tortura, crímenes de lesa humanidad y todo lo que tuviese relación con el macizo craneofacial (huesos del cráneo y cara).
En el caso de la doctora Cedeño, quien fue brutalmente asesinada la madrugada del lunes 20 de julio del 2020, dentro de una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio, Quepos, el criterio de Fernández resultó vital.
La doctora presentaba mordeduras en la mejilla derecha, en el brazo derecho y en uno de los pechos, así como golpes y cortes en las partes íntimas.
“Igualmente cumpliré con mi deber y asistiré a rendir mi testimonio en el juicio por homicidio de la anestesióloga Dra. María Luisa Cedeño Quesada cuando se repita, defenderé mi pericia como exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial con el mismo esfuerzo con el que ya lo hice antes y de igual forma con cualquier otro proceso donde haya fungido como perito”, indicó en la carta.
Con respecto al impacto que esto supone para el país confesó en conversación con ¡Qué Torta! que radica “en perder al personal con experiencia”. Detalló que hay dos mujeres profesionales que terminaron sus estudios en Chile en esa especialidad, pero apenas inician su carrera.
Valga indicar que no es el único que piensa así, pues varios especialistas que laboran en el Complejo de Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, Heredia, consideran que se desprecia su profesión bajo las condiciones actuales.
Se cansó
Fernández se cansó de esperar mejores condiciones acordes a sus labores, sus atestados académicos y profesionales y el riesgo que conllevan.
Su salario líquido o neto como Médico 1 es de apenas ¢350.000 por semana, desde el 2014 no recibe una sola capacitación, en una ocasión le negaron las vacaciones profilácticas (cesación temporal del trabajo que tiene como finalidad conservar la salud o preservar de la enfermedad al trabajador) y una solicitud que realizó en el 2017 para mejorar su salario solicitando el pago de dedicación exclusiva fue rechazado.
“¿Cómo es posible que un médico especialista en el Poder Judicial gane menos que un médico general en la CCSS? ¿Cómo es posible que a un médico forense le paguen por una autopsia durante una guardia de madrugada aproximadamente ¢33.000 netos?”, se cuestionó.
“Luego de caer en cuenta de que puedo ganarme los ¢350.000 semanales inclusive como chofer de UBER, he decidido dolorosamente dejar de lado todo el esfuerzo realizado desde el año 2004 en una profesión tan digna y tan importante como la Odontología Forense. Precisamente, he decidido renunciar por eso, porque mi dignidad ya no me permite seguir aquí siendo pisoteado como profesional y como ser humano”, alegó.
En la nota pide “como ciudadano”, que busquen la manera de frenar la fuga de personal ofreciendo un salario digno y competitivo.
“Es preocupante ver cómo el Poder Judicial se debilita todos los días, pero esto no afecta solo a la institución como tal, esto afecta el ejercicio de la justicia en Costa Rica y eso es algo que nos atañe a todos, sin importar que seamos soldados rasos, jueces, fiscales o magistrados; porque el día que secuestren, asesinen o torturen a uno de nosotros o nuestros familiares, no vamos a tener peritos calificados que investiguen el caso”, recalcó.
Según dijo, la Odontología Forenes en Costa Rica tomó mayor relevancia en la década de los 80, sobre todo en 1986 cuando ocurrió la masacre de Alajuelita, debido a la presencia de huellas de mordedura en las víctimas.
Ante este caso, uno se pregunta: ¿cómo pretende reponer esta plaza rápido el director del OIJ, Randall Zúñiga?
