La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), presentó una acusación contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Araya votó en contra de una moción del Consejo Universitario en la cual debía abstenerse porque el tema lo involucraba a él.
Los hechos ocurrieron en una sesión ordinaria del Consejo Universitario el pasado 1 de abril. De acuerdo con la Fiscalía, un miembro del Consejo propuso una moción para apartar a Araya de los asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR para evitar conflictos d einterés.
“En apariencia, el rector votó en contra, cuando debió de abstenerse de participar, ya que la votación trataba sobre él mismo”, explicó la FAPTA. La resolución fiscal se envió a la Procuraduría General de la República, a la que corresponde decidir si presentará su propia acusación y la acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.
Cuando se cumpla el plazo legal para que las partes conozcan la acusación, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública hará la solicitud para iniciar un juicio.
El artículo 332 del Código Penal establece que por el delito de incumplimiento de deberes, el funcionario púiblico “será reprimido con pena de inhabilitacion de uno a cuatro años”. El delito incluye rehusar o retrasar el cumplimiento de sus fuinciones, así como cuando “ilicitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
