Agentes sin póliza de riesgo, ni chalecos antibalas, testigos sin protección, detenidos sin comida en celdas judiciales, laboratorios sin equipo, ni químicos para realizar pruebas, allanamientos sin equipo especial, investigaciones paralizadas en el terreno del narcotráfico, la trata de personas y la pornografía infantil.
Este es parte del escenario que prevé el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como consecuencia del recorte presupuestario de ¢7.838 millones que el Ministerio de Hacienda aplicó al Poder Judicial.
Wálter Espinoza, director general del OIJ, explicó que la institución ya mantenía sus gastos dentro del mínimo que se les exige y que el golpe no es solo para la Policía Judicial, sino para la administración de justicia y la población en general.
Desde el Poder Judicial se indica que Hacienda ejecutó la reducción presupuestaria sin consultar, ni coordinar con los afectados, aún cuando se había presentado una propuesta apegada al límite fiscal.
Según la Corte Plena, el impacto negativo afectará a varios servicios como el pago para mantener investigaciones o continuar juicios en horas no hábiles o también el pago de pólizas de riesgos de trabajo del personal que expone su vida en ejercicio del cargo, sobre todo en el ámbito policial.
Cierre técnico
Para el OIJ, el recorte significa ¢2.900 millones menos para ejercer sus labores. De acuerdo con Espinoza, sin estos recursos la institución podría entrar en un cierre técnico en abril del 2023. Esto se debe a que, a falta de dinero, las actividades del OIJ se paralizarían pues en ciertas partidas el presupuesto disminuirá en un 100%.
Entre estos recortes están ¢827 millones necesarios para renovar 957 chalecos antibalas y los ¢126 millones de la partida de gastos confidenciales, que incluye compras controladas de droga en investigaciones de narcotráfico, el pago de informantes, la investigación de delitos de tráfico y trata de personas, proxenetismo, pornografía infantil, entre otros. En el 2022, con estos gastos el OIJ realizó más de 900 operaciones en tráfico de drogas.
Otra partida eliminada es la compra de cizallas, cadenas y otros implementos necesarios para realizar allanamientos. Un total de ¢118 millones menos se destinarían a alimentos y bebidas para los privados de libertad en celdas judiciales, partida que se debe cumplir por compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En cuanto a su actividad diaria, el OIJ perdería el dinero para la compra de combustible y repuestos así como el pago de marchamo de sus vehículos. Además, la disminución de recursos afecta la adquisición de equipo de laboratorio y reactivos químicos que se usan en pruebas de drogas, ADN, huellas dactilares, toxicología y balística.
Espinoza advierte que esta reducción de la capacidad del OIJ se da cuando el país y la región “enfrentan problemas gravísimos de crimen organizado, donde nuestro país ha adquirido la condición de ser el mayor receptor de clorhidrato de cocaína para el tráfico del mundo”.
El director del OIJ espera que los diputados de la comisión a cargo de los presupuestos reviertan la acción del Ministerio de Hacienda.