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‘Queman’ a oficial penitenciaria por entregar celular a privada de libertad

  • Ministerio de Justicia activó protocolo de cero tolerancia, coordinó su detención con la Fiscalía y abrió un procedimiento administrativo. 
  • “Quien traicione el uniforme enfrentará las consecuencias”, advirtió el ministro, Gabriel Aguilar.

El Ministerio de Justicia y Paz volvió a enviar un mensaje contundente a quienes pretendan utilizar el uniforme para favorecer ‘chanchadas’ dentro de las cárceles del país.

La Policía Penitenciaria detuvo la noche del sábado 1.º de agosto del 2026 a una oficial de apellido Castro,  al darle un celular a una privada de libertad de apellido Segura en el Centro de Formación Juvenil Zurquí.

Otra oficial observó la entrega del dispositivo y alertó de inmediato a la oficialía de guardia, lo que permitió que la jefatura policial interviniera de forma inmediata.

Castro reconoció los hechos ante sus superiores, por lo que el Ministerio activó el protocolo institucional para estos casos.

La Dirección de la Policía Penitenciaria coordinó de inmediato con la Fiscalía Adjunta de Heredia, que ordenó la aprehensión de la oficial para continuar con el proceso penal correspondiente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia y Paz abrió el procedimiento administrativo que podría derivar en las sanciones disciplinarias que correspondan.

Cero alcahuetería

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que la institución mantendrá una política de cero tolerancia contra cualquier funcionario que traicione la confianza depositada en el uniforme.

“Aquí se respeta el orden, la disciplina y la ley. Todo funcionario que traicione el uniforme enfrentará las consecuencias administrativas y judiciales que correspondan. No vamos a tolerar actos de corrupción dentro del sistema penitenciario y seguiremos poniendo estos casos en conocimiento de las autoridades competentes”, afirmó el jerarca.

El caso se suma a la línea de actuación que impulsa la actual administración, que ha reiterado que no protegerá a oficiales penitenciarios involucrados en actos de corrupción.

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