Desde meses atrás el Gobierno barajaba el prospecto de sacar adelante varios proyectos por medio de un referéndum en el cual los ciudadanos tendrían la última palabra. Este miércoles 5 de abril se dio a conocer el proyecto de ley que lleva el nombre Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica.
En su discurso del 2 de mayo de 2024 el presidente Rodrigo Chaves creó expectativa y rechazo según entre seguidores y adversarios con una lista de posibles temas que se incluirían en la consulta como la apertura del mercado eléctrico, las jornadas 4×3, la venta del Banco de Costa Rica y la construcción de Ciudad Gobierno, entre otros.
No obstante, a la hora de presentar la cantidad de temas se redujo a reformas a la Contraloría General de la República (CGR), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) a la Ley de control interno y a la Ley de contratación.
Laura Fernández, ministra de Planificación, reconoció “queríamos más temas. Sin embargo, tuvimos que poner en una balanza la urgencia de resolver problemas nacionales frente a los eventuales riesgos. ¿Por qué? Porque la ley que regula el referéndum excluye una serie de materias”, y agregó que si llevaban más de un proyecto había más riesgo de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no lo aprobara.
¿Qué contiene la Ley Jaguar?
En primer lugar se reformaría la Ley orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). Desde el Gobierno se afirma que el objetivo es fortalecer la institución que no actuó en muchos casos de corrupción, pero que logró detener varios proyectos como la construcción de Ciudad Gobierno y la compra de escáneres para detectar droga.
Laura Fernández aclaró “aquí no sé le están disminuyendo funciones a la Contraloría, aquí no se está atacando a la Contraloría, aquí no se está buscando bajar o eliminar controles”. Rodrigo Chaves añadió “no va contra la contraloría, sino contra las ocurrencias de Marta Acosta (contralora general) y su equipo”.
Otra reforma es al artículo 9 de la Ley de control interno con la cual la auditoría interna de las instituciones públicas sería la encargada del control interno y la CGR no podrá intervenir hasta que hayan actuado estos entes.
También se quiere introducir cambios en el artículo 67 de la Ley de contratación pública, que se ocupa del arrendamiento de bienes inmuebles o bienes por construir del Estado. Especifica que se pueden construir obras en terrenos públicos, que en el arrendamiento se incluye el diseño y asegura que el terreno siempre permanezca en manos del Estado.
Por último, se pretende una reforma al artículo 5 de la Ley orgánica de Japdeva para incluir el desarrollo de proyectos de infraestructura entre las temáticas abiertas para que la institución creé alianzas estratégicas con el sector privado. Esta aclaración es necesaria porque fue el argumento de la CGR para parar la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
