Si los diputados aprueban en el plenario una reforma sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de la Junta de Protección Social (JPS), la institución se verá obligada a gastar poco más de ¢7.600 millones al año en atender habitantes de calle y migrantes en tránsito.
La propuesta, que recibió el respaldo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, establece que el 2,75% de la plata que recaude la institución se girará a programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia, alcoholismo y atención de personas en condición de calle permanente o temporal, así como migrantes en tránsito.
El presupuesto más reciente de la JPS, que aprobó la Contraloría General de la República, asciende a los ¢276.520 millones. El 2,75% representa poco más de los ¢7.600 millones que pretenden los legisladores que se gasten en dichos programas.
Según datos de la institución, el programa de Apoyo a la Gestión destina los recursos a programas de atención, apoyo o capacitación para personas en condición de vulnerabilidad de la sociedad costarricense, tomando en cuenta la ley 7395 y 8718.
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La tajada más importante de ese dinero se les asigna a organizaciones que atienden y protegen al adulto mayor, en un 45,3%; seguido del 10,6% para centros diurnos para ancianos; 8,3% para programas dirigidos a personas menores, entre otros.
Las organizaciones que se verían beneficiadas con este proyecto son: Remar, Proyecto por Media Calle, Por los de la Calle, Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Zeledón (Redish), la Fundación Humánitas, la Asociación Proayuda al Hermano Limonense en Situación de Calle, la Asociación para el Rescate de la Población en Situación de Calle de Turrialba (Arpocatu) y Chepe se Baña, entre otras”.
indicó el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio.
La reforma no contará con el apoyo de la legisladora Rosalía Brown, de Nueva República, pues espera que la Junta le confirme si efectivamente el proyecto no les quitará recursos a otros programas y que cubrirá con todo el porcentaje que plantea la iniciativa para no crear falsas expectativas en las personas que esperan una mano amiga.
Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), hay unas 8.000 personas en condición de calle en el país; un 74% se ubican en el Gran Área Metropolitana (GAM). Dicha población tiene entre los 17 años y los 47 años y confiesan sufrir adicción a diferentes sustancias.
También se estima que en el país hay 100.000 migrantes venezolanos que han llegado a Costa Rica con la mirada puesta en la frontera norte.
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