La Procuraduría General de la República (PGR) sumará esfuerzos con el Ministerio Público para desenredar el caso del Bovedazo del Banco Nacional (BN), que les costó ¢3.293,8 millones a los costarricenses de poquitos.
El abogado del Estado costarricense se apersonó en el proceso penal 23-369-1218-PE, al que las autoridades bautizaron como “Gallo Tapado”, “al estar vinculados funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en aparente violación al deber de probidad”, informó la PGR en un comunicado escueto.
“Colaboraremos con el Ministerio Público en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos”, amplió.
En la causa figuran como sospechosas las siguientes personas:
- Un tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle, quien, en apariencia, y según la prueba documental de las autoridades, se clavó solito ese dineral. Lo que está por determinarse es si embarró a algún compañero para que no se lo echaran al pico.
- El jefe de Tesorería, de apellidos Madrigal Faerrón, quien se jubiló precisamente un día después de que se realizó la auditoría en la caja fuerte y en la que se comprobó que había un faltante de billeticos.
- El supervisor de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Blanco Oviedo.
- El supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Ugalde Morales.
- Un contador, de apellidos Hernández Saborío.
- Una autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Cerdas Méndez.
- Un supervisor de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Ramírez Sandí.
- Un oficial de seguridad, de apellidos Bolaños Zúñiga (quedó suelto por tener una participación ‘menor’, pero sigue siendo parte del proceso).
Además, en la tómbola también aparece la directora jurídica del Banco Nacional, de apellidos Herrera Cantillo, contra quien tampoco solicitaron medidas cautelares.
Olivas, Madrigal, Blanco, Ugalde, Hernández, Cerdas y Ramírez están bajo las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Entre los presuntos delitos figuran peculado e incumplimiento de deberes.
Vergonzosa falta de controles
Cuando ¡Qué Torta! destapó este tamalón, el lunes 23 de octubre del 2023, a las 3:33 p. m., evidenció una absoluta falta de controles de seguridad en esta institución del Estado costarricense.
Pero conforme ha ido evolucionando el escándalo, se evidencia que la administración de personal interna era (y no sabemos si sigue siendo) un absoluto desastre.
Es decir, ya con solo el hecho de que es esfumaran ¢3.293,8 millones es una tristeza absoluta y muestra clara de negligencia, la forma en cómo sucedió es hasta jocosa, pero sumamente grave.
Ningún departamento se salva de este papelón del Banco más grande de Costa Rica y el segundo más importante de Centroamérica. Ni siquiera el gerente general, Bernardo José Alfaro Araya.
Este medio ha sido crítico e insistente en que hubo desidia en el atraso del BN de interponer la denuncia ante las autoridades lo más pronto posible.
Y en esto nos han dado la razón el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, y el fiscal general, Carlo Díaz.
De acuerdo con su relato de los hechos, Olivas Valle, vecino de Guadalupe centro, ‘bailaba’ por todo lado con los sobres manila debajo del brazo y cargado de una millonada. ¿Cuántas veces procedió así? Son incontables.
“Aprovechó un punto ciego de la cámara, llevaba montos de dinero y los introducía en sobres de manila y es allí, una vez que el dinero estaba en sobres de manila, lo sacaba del banco”, afirmó Díaz.
“Podía salir incluso de manera muy tranquila con el sobre de manila en sus manos, pasando por los puestos de seguridad”, agregó el fiscal, quien considera que el resto de funcionarios fallaron en detectar que el tesorero tomaba el dinero. El OIJ investiga si se debe a que Olivas tuvo cómplices.
Díaz declaró que la falta de control interno favoreció el robo del dinero. Un ejemplo es que el Banco revisaba cuánto tenía en el sistema digital cada mes, pero desde el 2019 no contaba el dinero real en efectivo que había en la bóveda. Es decir, que Olivas pudo haber sacado el dinero desde hace cuatro años frente a las narices de toda la seguridad del BN.
Sospechas en modo de vida de los tesoreros
Los investigadores observaron en las cámaras que Olivas procedió con este método al menos en diez ocasiones, entre el 7 de agosto y el 26 de setiembre del 2023.
El OIJ solo posee pruebas contra este tesorero de área en cuanto a la sustracción de la plata y a los otros siete sospechosos los detuvo por el delito de incumplimiento de deberes.
Randall Zúñiga, director del OIJ, comentó que al revisar las propiedades de los sospechosos encontraron que el tesorero general “tiene una propiedad de 22.000 metros cuadrados, que fue allanada, tiene un vehículo importante. Sin embargo, esta cantidad de bienes no coincide con la cantidad de salario que puede ganar esta persona”.
Zúñiga precisó que el salario no llega al millón de colones y explicó: “Cuando nosotros revisamos los bienes de las personas, por lo general lo que tienen es un vehículo normal, una motocicleta normal, las casas no son ostentosas”, precisó. Esto llamó la atención de los investigadores en el tesorero general, que se jubiló un día después de la auditoría.
En cuanto a Olivas, el director del OIJ refirió: “Era muy asiduo a comprar lotería, en cantidades muy grandes. Estamos hablando de ¢100.000 por día, después pasó a ¢1 millón, ¢2 millones, ¢3 millones, según la investigación”. Por este detalle al caso se le puso el nombre “Gallo Tapado”.
Y para Zúñiga es posible que Olivas se haya jugado la plata que se llevó: “Buena parte del dinero se pudo haber ido en gastar este dinero en juegos de azar, en todos los juegos de azar que ustedes puedan imaginarse relacionados con la lotería: Tiempos, Chances, Lotería Nacional, Tres Monazos, etcétera”.
Díaz lamentó que el BN no haya denunciado por iniciativa propia y que la Fiscalía se tuviera que enterar por la prensa. “Este hecho se debió haber denunciado desde la época o desde la fecha en que se logró determinar, por lo menos a través de los sistemas informáticos, que existía un faltante de aproximadamente ¢3.293 millones”, sentenció.
