El excesivo aumento de la violencia en cantidad de asesinatos y forma en que las bandas del crimen organizado se ensañan con sus rivales, motivo que reina en la matazón que sufre Costa Rica, suma un ingrediente que preocupa a las autoridades: los beneficios carcelarios.
Después de ocho años de una política judicial empañada por el abolicionismo penal (tratar al delincuente como víctima del sistema, como el pobrecito y chinearlo como golondrina), parece que el baño de sangre que gotea por las calles del país prácticamente ha obligado a la reflexión desde quienes ocupan puestos donde se toman decisiones y se replantean enfoques.
El diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial continuo es un mandamiento en el que las autoridades ya han tirado varias cartas sobre la mesa.
La más reciente es un proyecto de ley sobre ejecución de la pena, que toca y cuestiona la aplicación de esos beneficios.
Por lo menos, en las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, se asoma algo de sensatez y obviedad; que son los jueces de la República que favorecen a los matones con medidas alternativas a la prisión.
Así funciona el sistema que da origen a las famosas golondrinas del expresidente Luis Guillermo Solís y no como algunos sugieren, que el Ejecutivo los suelta. Aunque, valga decir, que depende de la óptica del partido que gobierne así se moverán los hilos, porque hay que tener en cuenta que la separación de poderes es algo escrito en un papel y en la Constitución, pero por debajo se manejan muchos intereses. Con una llamadita o un WhatsApp, hay cosas que se resuelven rápido.
El objetivo del proyecto de ley es “garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y el debido proceso”.
“Hasta el momento, hay regulaciones, sobre todo de tipo reglamentario, que no regulan con esa certeza, con esa seguridad y permiten interpretaciones que pueden ser hasta cuestionables”, expresó Aguirre.
El funcionario reconoció que como falta una ley, lo que hay son normas y la forma en que los condenados en procesos penales cumplen sus sentencias muchas veces depende de la interpretación del juez.
En varias ocasiones se han cuestionado decisiones de los jueces porque favorecen alternativas a la prisión y sujetos peligrosos han aprovechado para seguir haciendo de las suyas.
“Lo que se busca es establecer una ley que señale con claridad las competencias del sector administrativo, las del sector jurisdiccional en el control, la vigilancia del cumplimiento de esas penas”, afirmó.
Los equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Pública estuvieron a cargo de formular el proyecto de ley que se entregó a Rodrigo Arias, presidente del Congreso.
Esta iniciativa surge ante la necesidad de tallar a la delincuencia. Al 16 de octubre se contabilizaban 716 homidicios, cifra que sigue rompiendo los registros históricos en el territorio nacional.
