El riesgo de que Costa Rica caiga de nuevo en la libretica gris de la Unión Europea (UE) de países no cooperantes en materia fiscal está más vivo que nunca.
Es decir, el anuncio del martes 17 de octubre del 2023 podría ser un alegronazo de burro si no se toman más decisiones que complementen el regalazo de ¢64.000 millones que los diputados les sirvieron a grandes grupos económicos del país con el resello de una reforma que ha generado bastante polémica.
El presidente, Rodrigo Chaves, ya mandó los primeros balazos al aire para alertar porqué el país sería enlistado de nuevo.
“No permitir que ciudadanos y empresas europeas evadieran o diluyeran impuestos utilizando operaciones en Costa Rica. Eso se logró a un costo enorme, porque no había necesidad de otorgarles beneficios fiscales a bancos y otras personas”, manifestó el mandatario.
“Eso no nos saca de las listas. Nos pone en el anexo 2, que significa que Costa Rica todavía debe pasar una ley, la 23.088, para el intercambio de información sobre sujetos tributarios”, agregó.
Chaves explicó las consecuencias que podría tener: “Sería fatal, porque ni nos comimos el pastel y aun así nos agarró el dolor de panza. ¿Qué quiero decir? Nos vuelven a poner en la lista negra y regalamos, porque eso fue lo que hicimos como sociedad, miles de miles de millones en exenciones tributarias y en mecanismos de elusión”.
Con esta afirmación se refirió a que el proyecto para salir de la lista incluía una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, que impide al Estado cobrar impuestos a las ganancias que se obtengan en el exterior, aunque el capital sea costarricense y eso beneficia a grandes empresas y bancos privados del país.
“Este juego no está ganado. En lo más mínimo, (se consiguió) a un costo enorme, un beneficio pequeño”. Según investigaciones, con esta reforma, el Estado dejará de recaudar unos ¢64.000 millones de impuestos en cuatro años.
