La Presidencia reconoció que mientras tres cerebros escarbaban datos en la UPAD, otras cinco personas trabajaban en la “upadcita”, un “call center” desde el que llamaban a los costarricenses para hacer “sondeos telefónicos”.
De acuerdo con un comunicado de prensa que envió Zapote, la tarea de los funcionarios servía para desarrollor estudios de “opinión pública”, algo parecido a lo que hacen casas encuestadoras o el CIEP de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El gobierno se vio forzado a referirse al tema, pues el diputado Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destapó la existencia de la “upadcita”, como él la bautizó en el Plenario legislativo en una intervención.
El legislador especificó que los cinco trabajadores son pagados por Casa Presidencial, que laboraban en el edificio Langer (contiguo a la sede del Ejecutivo) y los identificó como:
- Elioth Montero Quirós
- Jorge Madrigal Gómez
- Lucrecia Cecilia Méndez
- Priscilla Quirós Salazar
- Cristian Navarro González
Peña aseguró que el “call center” dejó de funcionar un día antes del allanamiento que coordinó la Fiscalía en Zapote.
“Con el fin de considerar la opinión ciudadana en la construcción y generación de políticas públicas, un equipo de cinco personas, elaboraba llamadas para aplicar sondeos que permitían conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley, gestión del gobierno, entre otros”, explicó la oficina de prensa de Presidencia en un comunicado.
“Para ello, se realizaban sondeos aleatorios y anónimos a partir de un formulario de preguntas básicas, basadas en una temática de interés público.
“A las personas contactadas en ningún momento se les preguntaba información personal -como nombre, cédula, dirección exacta, ni mucho menos información financiera específica-, por lo tanto, se desconoce la identidad de la persona entrevistada y se garantizaba que sus respuestas eran anónimas”, amplía el boletín.
De acuerdo con el Ejecutivo, dos de los funcionarios ocupan el puesto de Asistente Presidencial B (salario ¢430.000) y tres el de Asistente Presidencial A (salario ¢415.000).
El gobierno aseguró que los funcionarios no accedieron a bases de datos, ni hicieron monitoreo o investigaciones en redes sociales.
