Adaptarse a la situación de un país que emprende una lucha dura contra el crimen organizado es el motivo por el cual la Corte Plena conducirá reformas en la regulación de las medidas cautelares y aprobó darle prioridad a los procesos que involucran a funcionarios judiciales investigados por supuestos actos de corrupción.
El magistrado Paul Rueda comentó “el derecho tiene que responder a las necesidades que demanda la realidad social. Por eso, es necesario revisar y precisar la normativa sobre medidas cautelares, de manera que establezca los elementos que deben analizarse para decidir su aplicación”. Agregó que es necesario para “permitir una respuesta más clara ante las situaciones que se están presentando”.
Si bien el énfasis estará en los casos relacionados con corrupción y crimen organizado, también se buscarán mejoras en los procesos penales, laborales y contencioso-administrativos. La magistrada Damaris Vargas propuso atender de manera prioritaria los casos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Judicial.
Este aspecto es importante porque se va a regular la aplicación de las medidas cautelares como las suspensiones con goce de salario, las cuales tienen un impacto en el presupuesto de la institución. Según el Poder Judicial, con esto se pretende fortalecer la respuesta ante los posibles casos de corrupción de forma que avancen en un tiempo razonable.
Las propuestas de la Corte Plena tienen lugar en un contexto de enfrentamiento abierto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, al que se añade la indignación de la ciudadanía con el funcionamiento de la justicia y el proceder de los jerarcas de la institución como el fiscal general, Carlo Díaz, y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre.
