La Dirección de Planificación del Poder Judicial reconoce que se dejarán de atender seis leyes al no contar con los recursos necesarios en el presupuesto 2020, debido al recorte que sufrió por la aplicación de la regla fiscal.
La orden que giró la Contraloría General de la República (CGR) de ajustarse a la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas redujo los números que proyectó la institución en gasto corriente (salarios, prestación de servicios, etc) en ¢20.882 millones.
Esto significa que la cifra pasó de ¢467.789 millones a ¢446.907 millones.
Ante consulta de ¡Qué Torta!, Planificación indicó que el ajuste “significó no poder crecer en nuevas plazas, aun y cuando la demanda de servicios lo justifique, además no se podrán atender las obligaciones legales establecidas por más de ¢10.000 millones, ni proyectos constructivos necesarios para disminuir la planilla de alquileres y cubrir el impuesto al valor agregado con los mismos recursos aprobados, significará una limitación importante a la labor operativa de institución”.
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Las siguientes normas se verán afectadas:
- Creación y reforzamiento de las oficinas anticorrupción (se necesitan ¢2.500 millones).
- Ley 9841: Jurisdicción especializada en delincuencia organizada (se necesitan ¢4.553 millones).
- Ley 9858: Bienestar animal (se necesitan ¢778 millones).
- Ley 9609: Nuevo código procesal agrario (se necesitan ¢727,3 millones).
- Ley 9582: Justicia Restaurativa (se necesitan ¢398,7 millones).
- Ley 9593: Acceso a la justicia de los pueblos indígenas (se necesitan ¢103 millones).
- Ley 9747: Código Procesal de Familia (se necesitan ¢1.080 millones).
Los siete puntos anteriores suman un gasto de ¢10.190 millones, con los que no cuenta el Poder Judicial.