El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén Salazar, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra la participación de Costa Rica en acuerdos hemisféricos de cooperación para combatir el crimen organizado firmados la primera semana de marzo del 2026, en Estados Unidos.
La gestión judicial surge después de que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, firmara el jueves 5 de marzo del 2026 en Doral, Florida, la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, un documento suscrito por representantes de varios países del continente con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas del crimen organizado.
El encuentro fue convocado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y reunió a autoridades de seguridad y defensa de países como: Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros.
En el documento firmado, los países participantes declaran su intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental, cooperar en materia de seguridad fronteriza, lucha contra el narcoterrorismo, narcotráfico y protección de infraestructuras críticas.
Asimismo, el texto señala la voluntad de unirse a una coalición hemisférica para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta la región.
Cita clave
El sábado 7 de marzo del 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una proclamación titulada “Compromiso para combatir la actividad criminal de los carteles”, mediante la cual anunció la creación de una coalición hemisférica contra los carteles del narcotráfico.
En dicho acto estuvo presente el presidente, Rodrigo Chaves; a la cita también acudió la mandataria electa, Laura Fernández Delgado.
En ese documento, la Casa Blanca sostiene que los carteles criminales transnacionales operan con estructuras que controlan territorios, corrompen instituciones políticas y judiciales, utilizan armamento pesado y recurren a la violencia y al terrorismo para sostener sus operaciones.
Reclamo curioso
Ante estos hechos, el dirigente liberacionista acudió a la Sala Constitucional alegando que el Poder Ejecutivo habría vinculado al país a una alianza con implicaciones militares sin autorización de la Asamblea Legislativa.
En su acción de inconstitucionalidad, Guillén sostiene que la participación de Costa Rica en estos acuerdos podría violentar el artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe el ejército como institución permanente.
Según su planteamiento, la adhesión del país a este tipo de iniciativas podría interpretarse como la incorporación de Costa Rica a una coalición militar internacional, lo cual —afirma— no puede realizarse mediante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
El dirigente liberacionista también argumenta que la eventual participación del país en una estructura de cooperación militar hemisférica requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa, de conformidad con los artículos 121, 146 y 147 de la Constitución Política.
Apoyo a Iraq
Para sustentar su planteamiento, Guillén cita además el precedente del voto 2004-09992 de la Sala Constitucional, mediante el cual los magistrados declararon inconstitucional el apoyo moral expresado por el Gobierno de Costa Rica a la coalición internacional que intervino militarmente en Iraq en el 2003.
En esa sentencia, la Sala concluyó que los comunicados emitidos por el Poder Ejecutivo en aquel momento eran contrarios al orden constitucional costarricense y al sistema internacional de Naciones Unidas, por lo que ordenó realizar las gestiones necesarias para excluir al país de la lista de naciones que apoyaban la intervención armada.
La resolución también subrayó el valor de la paz como uno de los principios fundamentales del orden constitucional costarricense.
Escenario distinto
Sin embargo, el escenario actual presenta diferencias sustanciales con el caso analizado por la Sala Constitucional, en el 2004.
A diferencia de aquella coyuntura, en la que el país fue incluido en la lista de naciones que apoyaban una intervención militar específica, los documentos firmados esta semana se refieren a mecanismos de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sin que exista hasta ahora autorización alguna para operaciones militares, ni presencia de fuerzas armadas extranjeras en territorio costarricense.
En ese contexto, lo suscrito por Costa Rica apunta principalmente a fortalecer estrategias de cooperación, intercambio de inteligencia y coordinación internacional para enfrentar estructuras criminales que operan a escala regional.
Por ahora, la acción presentada por el dirigente liberacionista obligará a la Sala Constitucional a determinar si los acuerdos firmados por el gobierno costarricense constituyen simplemente instrumentos de cooperación internacional en materia de seguridad o si, por el contrario, implican una vinculación del país a una alianza de naturaleza militar incompatible con la Constitución Política.
