*Por Eric Briones Briones
En esta ocasión es oportuno dejar de lado los institutos jurídicos laborales que surgen como consecuencia del coronavirus y cambiar de tema sin descuidarnos, ya que la solución, como lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, está en cada uno de nosotros.
Ahora bien, se ha referido en anteriores entregas dominicales sobre la prohibición absoluta de la huelga en servicios públicos esenciales, no obstante, decía don Pepe Figueres: “Huelga es huelga” haciendo alusión a ese fenómeno social que se da con independencia de su regulación jurídica en uno u otro sentido.
Bajo esto es que la legislación no. 9808 estableció que si a pesar de lo anterior en este tipo de servicios se realizará una suspensión de labores la parte patronal (o la PGR) -dentro de las 24 horas- estará obligada a solicitar (con la prueba pertinente de servicio esencial) al Juzgado de Trabajo la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores.
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Recibida la solicitud, dentro de las otras 24 horas siguientes, la autoridad judicial dará audiencia por 24 horas a la contraparte.
Pasado ese término se resolverá lo que proceda. Si la solicitud fuera denegada (por considerarse que no se está ante un servicio esencial), el juez ordenará la tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga.
Por el contrario, si la solicitud fuera admitida el juez ordenará a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores. Siendo que las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza esta orden judicial.
Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de apelación en el plazo máximo de dos días naturales, convocándose por parte del superior a una audiencia oral dentro de las 48 horas a efecto de que las mismas expresen los agravios correspondientes y emitirá la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.
De lo anterior se puede concluir que el país le apuesta a la seguridad jurídica y a reglas claras en referencia a lo comentado. De allí, que estar informados nos hace más libres y educados en la toma de cualquier decisión que hagamos.
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*Doctor en Derecho Laboral.