La Sala Cuarta condenó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio Público por su ineficiencia en la atención del caso de la bebita Keibril Amira García Amador.
La CCSS, el Estado y el PANI, deben pagar las costas, daños y perjuicios causados, además, los jerarcas Martha Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, Carlo Díaz, fiscal general de la República, y Juan Manuel Cordero, presidente ejecutivo del PANI, tienen que sentar las responsabilidades internas por todo lo ocurrido.
Los magistrados consideraron que las autoridades fueron omisas desde que la mamá de la chiquita quedó embarazada, a los 11 años, producto de la violación de su padrastro, un hombre de apellido Casasola, hasta la desaparición de Keibril.
La bebita desapareció el domingo 9 de abril del 2023, cuando ese mismo tipo, es decir, su papá, la sustrajo. Desde ese momento no sabe nada de ella, ni siquiera si está con vida.
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Cadena de fallos
La Sala, en la sesión de este viernes 4 de agosto del 2023, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado a favor de la bebé desaparecida y su mamita adolescente al considerar que existió una “concatenación de deficiencias” por parte de esas tres instituciones en sus deberes de protección de los derechos de las menores.
Según la Sala, el PANI tuvo conocimiento temprano de todo el entorno familiar disfuncional en el que vivían ambas y su condición de riesgo y vulnerabilidad, lo cual ameritaba una atención y abordaje continuo, pero todo eso brilló por su ausencia.
El hospital Max Peralta tampoco actuó cuando la mamá adolescente llegó a ese centro médico embarazada, porque no plantearon ninguna denuncia.
Los magistrados afirmaron que “no es de recibo”, lo que alegó la presidenta ejecutiva de la Caja, ni la directora general de ese centro médico, al indicar que como el PANI ya sabía del embarazo de la niña de 11 años, no debían activar el protocolo relacionado a sospechas de maltrato, abuso o violencia contra persona menor de edad y la formación de la denuncia penal respectiva.
“La sentencia señala que, aunque existía una denuncia penal previa por parte del PANI ante el Ministerio Público, la CCSS no estaba eximida de plantear la correspondiente denuncia penal”, informó la Sala en un comunicado de prensa.
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Pobre investigación
Por si fuera poco, la Fiscalía de Cartago también fue omisa en su deber.
“Considera también la Sala Constitucional que, la decisión de la Fiscalía de Cartago permitió de alguna manera que el ahora imputado Casasola Salas, no fuese objeto de persecución penal durante el año 2022, permitiéndole de alguna manera afianzarse dentro del círculo familiar de la menor tutelada, concediéndose un espacio de estrecha cercanía con su víctima y así poder planear los hechos que dieron como resultado la causa penal N° 23-001476-0058-PE, iniciada el 09 de abril de 2023.
La Sala sostiene que la Fiscalía tuvo conductas que no lograron esclarecer de forma temprana la terrible situación que ocurría y no fue hasta que Casasola robó a Keibril que estableció una línea de investigación más clara y determinante en torno al abuso sexual en contra de la adolescente y es a partir de ello que se enfoca en la teoría de que ese hombre podría estar involucrado en los hechos.
El caso de Keibril también produjo la bronca entre el presidente Rodrigo Chaves y la ex presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo.
Chaves la encaró feo en una conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en abril del 2023 al exigirle respuestas sobre la desaparición de Keibril.
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López renunció el 19 de junio del 2023.
El 10 de julio Keibril cumplió un añito y la comunidad de Cervantes de Alvarado de Cartago lo conmemoró con una misa que ofició el padre Sergio Valverde, quien rogó a quien tuviera la más mínima pista que se comunicara con las autoridades e incluso con él, sin embargo, a hoy no se sabe nada de la pequeñita.