La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) es la agrupación que reunía a todos los bancos públicos y privados del país con el propósito de proteger sus intereses. Esta unidad se rompió con el anuncio de la salida de los bancos públicos de la ABC a raíz de un proyecto de ley del liberacionista Óscar Izquierdo, el cual pretende que los bancos se hagan cargo de las pérdidas económicas de sus clientes por estafas .
Se trata del expediente 23.908, que se votará en segundo debate en el plenario legislativo la próxima semana. Consiste en una reforma al artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, con la cual la entidad donde se guarda el dinero será responsable de indemnizar las pérdidas por estafa de sus clientes aunque el daño provenga de un tercero.
Al principio la ABC se opuso. El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, había advertido en 2025 que con la nueva ley aparecerían nuevas formas de fraude como que personas reporten estafas inexistentes para exigir el pago del banco, y éstos reaccionarán subiendo las tasas de interés. Pero luego que se aprobó los voceros de la ABC calificaron el proyecto como “balanceado y justo”.
Los gerentes del Banco Nacional, Banco Popular y Banco de Costa Rica dirigieron una carta a la ABC con el mensaje “comunicamos de manera formal nuestra renuncia, inmediata e irrevocable nuestra renuncia a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)”. Los jerarcas de estos bancos afirmaron que con la ABC hubo “un serio quiebre de confianza” porque “afectó la credibilidad del sector bancario”.
Además, expresaron que las declaraciones de la ABC “generaron ante la opinión pública y los tomadores de decisión, una percepción de respaldo sectorial a una iniciativa que, conforme a análisis técnicos, serios y responsables, tiene implicaciones negativas directas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y, paradójicamente, para la protección efectiva de la ciudadanía”.
Los representantes de los bancos públicos afirmaron que el proyecto echa toda la responsabilidad a las entidades financieras en lugar de combatir al crimen organizado y aumenta los costos que se trasladarán al usuario y lo podrían excluir del sistema financiero. Por tanto, la ABC no cumplió con su responsabilidad de presentar una postura clara y comprometió la imagen de sus miembros.
Sin estas instituciones, dentro de la ABC quedarían solo entidades privadas como el Banco Promerica, Citibank, Banco Cathay, Banco Lafise, Scotiabank, BAC Credomatic, Banco Davivienda, y el BCT de Leonel Baruch.
