Diputados opositores de la Comisión Especial de financiamiento de partidos políticos presentaron un informe en que señalan al presidente de la República, Rodrigo Chaves, como figura central de una estructura de financiamiento paralela a la oficial en la campaña que lo llevó a la Presidencia en las elecciones de 2022.
Los diputados Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista (PLP), Vanessa Castro de Unidad Social Cristiana (PUSC), Ariel Robles del Frente Amplio (FA), Francisco Nicolás y Dinorah Barquero, ambos de Liberación Nacional (PLN), firmaron el documento de 390 páginas.
De acuerdo con este informe, el fideicomiso Costa Rica Próspera fue una fuente ilegal de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, y se usó para recibir fondos y pagar gastos de campaña como un call center, el alquiler de Casa Progreso, viáticos y servicios profesionales, así como pauta publicitaria en canal 6 y canal 7.
Los autores del documento declaran a Rodrigo Chaves como autor intelectual, partícipe y tomador de decisiones a sabiendas que este fideicomiso era ilegal y no estaba avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que constituiría un delito electoral según el artículo 128 del Código Electoral.
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La Comisión concluyó que la Asamblea Legislativa debía crear leyes para que los donantes nacionales declaren el origen de sus recursos, regular el financiamiento y campañas electorales. Al TSE y al Ministerio Público les aconsejó investigar los hechos del informe para ver si se cometieron delitos y abrir el expediente respectivo.
Además, los diputados recomendaron al Ministerio Público levantar el secreto bancario a personalidades como Rodrigo Chaves, Arnoldo André, Pilar Cisneros, Federico Cruz y Calixto Chaves. Según ellos esto sería para confirmar si han recibido alguna ventaja del actual Gobierno a raíz de su relación con el fideicomiso Costa Rica Próspera.