Alejandro Ismael Madrigal Rivas, de 30 años, es uno de los dos cerebros detrás de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Es un joven que participó activamente de la campaña PAC en las elecciones nacionales 2018 y cuya estrategia de “mano izquierda” se centró en insultar a los evangélicos que apoyaban al entonces candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado.
Aquel pelotón de fusilamiento rojiamarillo orquestado desde las instalaciones de una compañía consultora, en Sabana Sur, disparó balas ácidas; por citar un ejemplo, bautizaron a los seguidores de Alvarado como “ramashekos”, un apodo replicado por ciertos medios de comunicación y que se validó entre los ticos.
Además, utilizaron la imagen de La Negrita para jalar votos y les dio resultado, tal como se los recomendó un reconocido consejero político en la segunda ronda.
Por las manos de Madrigal Rivas y Andrés Villalobos, de 24 años, han pasado quién sabe cuantos datos de costarricenses desde hace año y medio, cuando iniciaron el proyecto de la UPAD, una especie de Gestapo costarricense o KGB soviética, cuyo objetivo, en el papel, es de espionaje puro.
La Gestapo fue la Policía secreta oficial de la Alemania nazi de Adolf Hitler, cuya función era la de investigar y combatir “todas las tendencias peligrosas para el Estado”.
“La Unidad Presidencial de Análisis de Datos será una unidad de nivel político-estratégico que asesora directamente al Presidente de la República y su Despacho, ejercerá una función permanente y dependerá de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República velará por que la UPAD cuente con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para su adecuado funcionamiento.
“En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”. Estos dos párrafos reproducidos son parte del contenido del decreto número 41.996, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 17 de febrero anterior, y que firmó el presidente, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el ministro interino de Planificación, Luis Daniel Soto.
El gobierno PAC derogó el decreto pasado el mediodía de este viernes al darse cuenta de la pelada monumental y peor aún, después de una intervención desafortunada de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, al defender lo indefendible: “Así se hace política en el siglo XXI”, sentenció la funcionaria.
Ante estos hechos que se han enumerado, ¿cómo se podría confiar en las explicaciones de Morales Mora?
El ministro de la Presidencia trató de calmar los ánimos y responder a los cuestionamientos. Entre sus argumentos figura que la creación de la UPAD será para atacar la pobreza extrema y mejorar cómo se invierten los recursos.
Pero lamentablemente el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El plan de la administración PAC debió comunicarse desde un inicio a los diferentes sectores y no simplemente firmar un decreto, publicarlo y que quien pudiera se enterara.
Lo más delicado es quién garantiza que los economistas Madrigal Rivas y Villalobos hicieron un buen uso de los datos a los que tuvieron acceso. Otra pregunta más: ¿a qué informaciones accedieron?
Morales Mora ha insistido en que todo eso y más se aclarara conforme pasen los días.
Queda la duda si la UPAD viola el artículo 24 de la Constitución Política; una mayoría abrumadora interpreta que sí. Ese artículo garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
¿Será que el PAC pensaba acceder a los datos confidenciales de los ciudadanos con un interés electoral?
Recordemos que el partido por el que se eligió Alvarado carga con dos condenas por las que debe pagar millones de colones, una por estafa en la campaña 2010 y otra por el incumplimiento de pago con un proveedor en la campaña 2014.
