Dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Pero, la situación es aún peor en el caso de 26 congresistas de ocho fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa de querer postergar 18 meses más la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica.
Es claro señalar que no hay peor diputado que el que desconozca el Estado de Derecho del país; sobre todo tomando en cuenta que el Primer Poder de la República fabrica las leyes.
Mucho se ha discutido sobre esa “gestión” que los legisladores pretenden llevar a la Sala Cuarta (que ni siquiera ha sido conocida por el Plenario y que tampoco llegará a tiempo para impedir lo inevitable). Algunos hablan de cálculo político, otros que es simplemente una estrategia para seguir vigentes ante el ojo público.
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Ni lo uno, ni lo otro. No hay cálculo, ni siquiera ese intento se puede considerar politiquería porque no lo es.
Y con el perdón de quienes leen este artículo hay que llamar las cosas como son: es estupidez. Y por aquello de malos entendidos con “guasapps” comprometedores que terminan en manazos, esto no tiene que ver con los diputados, sino con la discusión.
Es una discusión floja, sin contenido, absurda, desgastada, pero lo peor, que aviva el tema preferido del gobierno y del Partido Acción Ciudadana. Cuidado, es el caldo de cultivo para una tercera administración PAC al hilo, algo que nunca ha ocurrido en el país (que un mismo partido gobierne 12 años seguidos) desde la fundación de la Segunda República, en 1948, después del conflicto social.
Los legisladores que defienden a muerte lo que plantean insisten en proteger los valores de la familia costarricense. Insisten en lo de siempre, en lo que se ha convertido en un divisor de la sociedad tica y que tuvo su principal reflejo en el resultado de las elecciones de febrero del 2018.
Parece que no se han leído el fallo de la Sala Cuarta del 9 de agosto del 2018 (ya pasaron 18 meses) o simplemente no les importa.
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Aquella noche hasta la misma prensa progre calificó la resolución como “tibia” por parte de los magistrados.
Es sencillita de entender, como quien suma uno y uno: los congresistas tenían 18 meses para discutir y legalizar las uniones de hecho y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, de lo contrario la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) será de acatamiento obligatorio; eso es lo que pasará el 26 de mayo.
Ahora, estos 26 legisladores sueñan con decirle a la Sala que atrase 18 meses más la entrada en vigencia de estas bodas, porque no tuvieron tiempo de revisar la legislación. ¿Qué parte del fallo no se entiende?
Si alguno no queda satisfecho podría acudir a la CorteIDH, sí, la misma que resolvió favorablemente el matrimonio igualitario.
La majadería y las pataletas toparán con pared.
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