Hay voces que defienden la libertad de expresión que, dependiendo la música que les toquen, así bailan.
Si a alguno de los suyos los tocan, brincan y chillan, pero si es a otro que no les cae muy bien, pues que vaya al paredón de fusilamiento.
Esto se ajusta al pulso entre el director de Central noticias y El octavo mandamiento, del canal 38 Gente ¡Opa!, Douglas Sánchez, y el jefe suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
En el expediente penal que se le sigue a Zúñiga por violación, divulgación de secretos en modalidad agravada, violación de datos personales y abuso de autoridad se incorporaron comunicaciones privadas en las que interviene Sánchez en su ejercicio profesional, quien no es imputado, no es sospechoso y no forma parte de la investigación penal. Así consta en el propio informe.
El periodista intercambió mensajes por WhatsApp con varias mujeres, aparentemente víctimas de Zúñiga. De acuerdo con el contenido de las conversaciones, a él lo buscaron para que se hiciera público el caso y lo incluyeron en un chat.
En ese intercambio, empezó a hacer preguntas sobre en qué consistía la situación, de qué se trataba y el asunto se fue calentando más; una práctica común en el reporteo diario y parte de la labor de un comunicador.
Al ser incluidos esos mensajes en el expediente es inevitable devolverse 12 años en el tiempo, a febrero del 2014, cuando la sentencia Nº 04035-2014, de la Sala Constitucional, resolvió un caso muy parecido a este: la incorporación de comunicaciones de un periodista que no era parte investigada.
En aquel momento, la Sala fue contundente y precisó que un periodista es tutelado “por la libertad de expresión y el derecho al secreto de sus fuentes”.
Esa resolución está relacionada con un recurso de amparo que interpuso Diario Extra ante el rastreo de teléfonos que realizó el OIJ y la Fiscalía en una investigación, cuyo fin no estaba ni siquiera relacionado con alguna de las comunicaciones de los reporteros del matutino.
Los “rastreos telefónicos” respecto de periodistas resultan “total, absoluta y radicalmente inconstitucionales”, afirmó en aquella ocasión el magistrado Ernesto Jinesta Lobo.
Si bien cada caso tiene sus características los une un detalle: las comunicaciones de un periodista, cuando se relacionan con su ejercicio profesional, están protegidas por el derecho al secreto de las fuentes y el derecho a la intimidad, y no pueden ser utilizadas por el Estado como medio para investigar a terceros, salvo circunstancias extremadamente calificadas y con control judicial estricto.
El principio es sencillo: el secreto profesional del periodista no puede ser vulnerado por vías indirectas. Si el Estado no puede rastrear directamente para revelar fuentes, tampoco puede incorporar comunicaciones protegidas dentro de un expediente penal, cuando el periodista no es investigado.
Aquí surge otro elemento que no debe pasar inadvertido. Zúñiga acudió al Colegio de Periodistas para denunciar a Sánchez, pero si las autoridades son consecuentes con la defensa constitucional del secreto profesional no puede convertir un debate sobre libertad de prensa en un juicio ético aislado sin atender la violación de fondo.
Si el órgano gremial avala o ignora que comunicaciones protegidas terminen expuestas en expedientes judiciales abrirá una puerta peligrosa para todo el gremio. Porque mañana no será Sánchez. Será cualquier otro periodista que incomode.
Incluso, en el expediente contra Zúñiga también aparecen conversaciones por WhatsApp de otros periodistas con algunas de las víctimas que los buscaron para hacer pública su denuncia.
En el 2014, los amiguitos del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) sudaron las camisas que decían ‘no al espionaje’, cuando se destapó la grosería que le montó el OIJ y la Fiscalía a periodistas del Diario Extra; ahora, critican a grito pelado a un director, cuyo derecho constitucional fue vulnerado flagrantemente. Las pruebas están en el expediente.
Cuando el secreto profesional se debilita, no pierde un periodista. Pierde la democracia.
