Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sacaron de la casa, en Escazú, al presidente de Aldesa, Javier Chaves Bolaños, lo montaron en un carro y se lo llevaron a las oficinas de la compañía en Curridabat.
Esto forma parte del trabajo de las autoridades en el caso que investigan contra la empresa por presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con las primeras versiones, al menos 500 inversionistas y más de 25.000 trabajadores que están afiliados a 31 asociaciones solidaristas se estarían viendo perjudicados por un monto que supera los $200 millones.
Quienes tienen su dinero en esa financiera dejaron de recibir los pagos de intereses desde marzo anterior, pues les informaron que no había liquidez.
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La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual dirige nueve allanamientos en casas ubicadas en el Valle Central, que pertenecen a los gerentes de la empresa.
De acuerdo con la Fiscalía, la causa penal se abrió a raíz de una serie de denuncias e información publicada por la prensa nacional en las que figuran personeros del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
Las denuncias señalan la aparente inducción en error a la que fueron expuestos los ofendidos inversionistas, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que forman parte de Aldesa se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), error que fue posible dado al vínculo que une a todas las sociedades que integran Aldesa (reguladas y no), pues utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva que interactúan, incluso muchos de ellos en todas las sociedades.
La Fiscalía indicó que se investiga la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
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