Diputados del bloque oficialista presentaron una serie de reformas constitucionales, entre las cuales resaltan dos proyectos de ley que tienen por objetivo modernizar el funcionamiento del Poder Judicial. Una es que Asamblea Legislativa asuma exclusivamente todo el proceso de nombramiento de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y otra es retirar funciones administrativas a los magistrados.
La diputada de Pueblo Soberano, Marta Eugenia Esquivel, habló sobre el proyecto de Reforma para fortalecer la elección de magistrados suplentes, “es basicamente que eliminamos esa etapa previa, que hoy tenemos muchas dudas y lo que estamos viendo es que la falta de transparencia en un proceso donde deberíamos tener a los mejores juristas participando, muchos ni siquiera lo hacen”.
Esquivel agregó “el proyecto lo que busca es que tanto el nombramiento de magistrados titulares como de suplentes esté a cargo de la Asamblea Legislativa y que evitemos toda la problemática que hemos tenido en estos tiempos, donde de verdad que hemos hecho un análisis concienzudo de lo terrible que ha sido para este país que todos los partidos políticos que han estado en esas curules por años de años, algunos por decenas de años, no hayan hecho el esfuerzo por tener una ley que venga a regular un procedimiento”.
Actualmente los diputados tienen la última palabra para el nombramiento de los magistrados o la reelección de los que están en funciones. Sin embargo, tienen que escogerlos a partir de una lista que elabora la Corte Plena. El rechazo de la lista de candidatos a suplentes para la Sala Constitucional por parte de la fracción oficialista y la negativa dela Corte de enviar otra tuvo secuelas en el ritmo de trabajo de esta institución.
El proyecto de ley detalla que se establecerán convocatorias públicas con plazos definidos para que se presenten los interesados en ocupar los puestos de forma que se eviten vacantes prolongadas. Los candidatos serán evaluados con criterios de mérito experiencia, conocimiento, independencia y probidad. Además, las entrevistas, expedientes y criterios de evolución serán públicos.
Reducir las funciones de los magistrados
El otro proyecto es la ley para la modernización del gobierno judicial. Según Esquivel “los magistrados deben dedicar su tiempo a impartir justicia, no a administrar una institución. Hoy la Corte Suprema de Justicia concentra, además de sus funciones jurisdiccionales, una enorme cantidad de funciones administrativas, presupuestarias, disciplinarias y operativas”.
Marta Esquivel refirió que estas otras actividades dificultan el propósito fundamental de los magistrados y puso como ejemplo el caso de uno que participaba en 22 comisiones o el testimonio de la presidente de la Sala Tercera, Patricia Solano, de que ocuparse de asuntos administrativos obliga a utilizar suplentes para cumplir las funciones jurisdiccionales.
La diputada explicó que “la propuesta redistribuye las competencias administrativas entre la Corte y un Consejo Superior fortalecido, con mayores capacidades técnicas y de gestión para que cada órgano pueda concentrarse en aquello para lo que fue concebido y con el expertise requerido y necesario. En otras palabras, los jueces debe juzgar y los administradores administrar”.
