Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hicieron cinco allanamientos, cuatro en la Fortuna y uno en La Tigra de San Carlos. En el operativo detuvieron a nueve sujetos, entre los cuales destacan el jefe de la delegación de la Policía de Tránsito de la zona y otros tres oficiales de este cuerpo.
Estas personas figuran como sospechosas de formar parte de una agrupación dedicada a la venta de drogas local y también se les relaciona con un homicidio que ocurrió el 17 de mayo de 2022. En esa ocasión se localizó dentro de un vehículo en Las Parcelas de San Ramón, el cuerpo con varios impactos de bala de un hombre de 35 años y apellido Vallejos.
“Importante destacar que dentro de estos seis funcionarios públicos hay un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y otro de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes en apariencia hacían depósitos a favor de la organización hacia Nicaragua”, contó Randall Zúñiga, director general del OIJ
Zúñiga explicó que aparentemente el papel de los oficiales de tránsito era brindar protección al grupo criminal, al que también le prestaban sus propias armas de fuego para sus actividades, los vehículos y las placas que decomisaban , además le pasaban información de operativos policiales en la zona. También se maneja que movían droga en unidades policiales.
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Celulares clave
El OIJ reveló que la investigación comenzó en 2021 luego de recibir información confidencial sobre esta organización. En julio de 2022 recibieron un primer golpe con el decomiso de un cargamento de droga en Muelle de San Carlos, donde se detuvo a tres integrantes del grupo.
Otro operativo en la zona en octubre de 2022 buscó capturar a un sujeto conocido como Eddy, quien al parecer dirigía la organización y estaría relacionado con el narcotraficante de Pococí conocido como Diablo. En esa operación los agentes detuvieron a dos funcionarios de Tránsito.
Randall Zúñiga detalló que en ese momento les quitaron los celulares a los sospechosos, pero para obtener la información de ellos se necesitaban programas especiales con los cuales no contaba el OIJ. Tuvieron que pasar 14 meses para que un gobierno amigo les donara dicha herramienta que les dio la información necesaria para hacer más detenciones.
Los detenidos son sospechosos de los delitos de venta de droga, peculado, peculado de uso, cohecho propio e impropio, falsedad ideológica, homicidio calificado, almacenamiento y distribución de armas de fuego. Todos ellos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de la zona.
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