En medio de la campaña electoral, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y su candidata presidencial, Claudia Dobles, insisten en atribuir la actual crisis de violencia, inseguridad y avance del crimen organizado a un supuesto “narcogobierno”, un concepto político que no tiene sustento.
Lo que deliberadamente se omite es que el deterioro institucional, la fragilidad del sistema de justicia, la política criminal blanda y múltiples escándalos administrativos y de corrupción se incubaron durante las dos gobiernos PAC (2014-2018 y 2018-2022).
No se trata de opiniones: son hechos documentados que hoy se intentan borrar para relanzar un proyecto político bajo la narrativa del “yo no fui”.
1. Política criminal blanda y el abolicionismo penal
Durante los gobiernos PAC se impulsó una visión de política criminal alineada con tesis abolicionistas, ampliamente asociadas al pensamiento del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Argentina.
Este enfoque promueve la reducción del uso del castigo penal, cuestiona la prisión como eje central del sistema y prioriza los derechos del delincuente frente a un enfoque punitivo tradicional.
En Costa Rica, esta corriente se tradujo en ampliación de beneficios penitenciarios, discursos oficiales que minimizaron la reincidencia y una narrativa institucional que relativizó el riesgo delictivo, incluso cuando los indicadores de violencia comenzaban a deteriorarse.
El resultado fue una creciente percepción de impunidad que hoy se intenta desvincular del legado PAC.
2. “Una golondrina no hace verano”: minimización del delito
El 1.º de junio del 2016, el entonces presidente Luis Guillermo Solís reaccionó a la violación de una mujer en Guácimo, Limón, por un sujeto beneficiado con medidas fuera de prisión señalando que “una golondrina no hace verano”.
El agresor, de apellidos Chaves Ramírez, tenía 39 años y atacó a una mujer con apenas siete días de haber dado a luz.
La frase se convirtió en símbolo de una respuesta política que relativizó el impacto de decisiones judiciales permisivas, enviando un mensaje de desconexión frente a las víctimas.
3. Reos trans a quienes sacaron a pasear para que desfilaran en la Marcha de la Diversidad 2019
El 27 de junio del 2019, el Ministerio de Justicia y Paz autorizó la salida de dos reos transexuales para participar en la Marcha de la Diversidad, en San José.
- “Stephanie”, trans del Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro (Cartago).
- “Cristina”, trans del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera.
Ambos salieron bajo custodia oficial, acompañando al equipo ministerial durante el recorrido.
El Ministerio justificó la medida como un acto de reivindicación de derechos, abriendo un debate nacional sobre prioridades institucionales, seguridad y uso de recursos públicos.
4. Uso de transporte de la UCR para marcha gay
Ese mismo año surgieron denuncias sobre el uso de busetas institucionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) para trasladar gente a la Marcha de la Diversidad.
El hecho fue cuestionado por estudiantes, quienes denunciaron que para giras académicas en sedes regionales no existían recursos disponibles, mientras sí los hubo para actividades ideológicas.
5. El Cementazo (2017): corrupción en la banca estatal
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís estalló el caso del Cementazo, relacionado con la aprobación y desembolso irregular de un crédito del Banco de Costa Rica (BCR) para importar cemento chino.
La Fiscalía determinó que funcionarios de alta jerarquía del banco facilitaron el crédito en perjuicio del interés público y que parte de los fondos se habrían utilizado para fines distintos a los aprobados. El caso marcó uno de los mayores escándalos de corrupción de la década.
6. El “hueco fiscal” y sanciones de la Contraloría
El 23 de octubre del 2019, la Contraloría General de la República sancionó al exvicepresidente y exministro de Hacienda Helio Fallas con inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por el caso del llamado hueco fiscal.
Además, emitió una recomendación de suspensión contra la entonces ministra Rocío Aguilar.
El faltante presupuestario superó los ₡500.000 millones, producto de supuestas proyecciones financieras que no se cumplieron y decisiones técnicas que violaron principios básicos de planificación presupuestaria.
7. Vacunas vencidas y mala gestión en pandemia
Durante y después de la pandemia se confirmó el desperdicio masivo de vacunas contra la COVID-19. Solo la CCSS reportó más de 1,3 millones de dosis perdidas, entre frascos vencidos, mala preparación y falta de aplicación.
Parte de las compras fueron firmadas en el 2020 por Alexánder Solís, entonces presidente de la CNE, hoy candidato a diputado del PAC. En noviembre del 2022 se confirmó además la destrucción de más de 400.000 dosis adicionales.
8. El ‘Mascarillazo’ en la CCSS
La Fiscalía Anticorrupción investigó la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones durante la pandemia, adquiridas a empresas sin experiencia en suministros médicos.
En setiembre del 2023, la CCSS despidió a seis funcionarios por estas compras irregulares. El caso evidenció debilidades graves en control interno y toma de decisiones durante la administración PAC.
El patrón que se intenta borrar
Estos hechos, sumados al desempleo récord del 24% en el 2020 (el más grande de la historia), al deterioro fiscal y a una política criminal permisiva dibujan un patrón claro: no se trató de errores aislados, sino de una forma de gobernar cuyas consecuencias hoy se intentan endosar a otros.
Claudia Dobles pretende desmarcarse de ese legado, pero los hechos —documentados y verificables— siguen ahí.
