En una reunión cargada de elogios, gestos cómplices y promesas de colaboración sin precedentes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mandatario estadounidense Donald Trump se encontraron este lunes 14 de abril del 2025, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos.
El encuentro marcó una nueva etapa en la relación bilateral, con Bukele posicionándose como el “aliado perfecto” en el plan de Trump para implementar deportaciones masivas de personas acusadas, pero no condenadas, por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Bukele no dudó en ofrecer su país como cárcel alternativa. “Si podemos ayudar, lo vamos a hacer”, dijo el salvadoreño, convertido en el “carcelero favorito del trumpismo”, al asegurar que ya aloja en el CECOT, la prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023, a más de 200 inmigrantes deportados por EE.UU., bajo sospechas –no comprobadas– de pertenecer al Tren de Aragua o MS-13.
El mandatario salvadoreño se ganó la ovación del republicano al decir: “Hemos encarcelado a miles, pero liberado a millones”. Una frase que caló en Trump, quien busca replicar ese discurso en territorio estadounidense, asegurando que para liberar al país “hay que encerrar a unos cuantos”. La Casa Blanca evalúa incluso, aunque sin sustento legal, enviar también ciudadanos estadounidenses a cárceles en El Salvador por un “menor costo carcelario”.
Para sostener la operación, El Salvador recibirá una compensación de 6 millones de dólares anuales por los primeros 250 reclusos, una cifra que podría aumentar si Trump concreta su ambicioso plan migratorio. Mientras tanto, organismos como Human Rights Watch han denunciado que muchas detenciones en el Cecot han sido arbitrarias, basadas en tatuajes o rumores, sin juicios formales ni pruebas sólidas.
Uno de los casos más controversiales es el del salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por error y actualmente preso en el Cecot. Aunque un tribunal de EE.UU. prohibió su repatriación por riesgo de persecución, Trump se niega a traerlo de vuelta. “¿Cómo quieren que lo envíe? ¿Como contrabando?”, respondió Bukele. Trump, fiel a su estilo, remató: “Están enfermos… esta gente está enferma”, en referencia a la prensa que cuestionó el caso.
Durante el encuentro, el asesor Stephen Miller negó que Abrego fuese deportado por error y dijo que no existe ninguna obligación de repatriarlo. Según él, Estados Unidos no invadirá “la soberanía salvadoreña” devolviendo a un “criminal”. El problema es que Abrego no ha sido condenado por ningún delito.
En lo que parece una alianza de espaldas al sistema judicial, ambos líderes comparten su desprecio por los contrapesos institucionales. Trump elogió la forma en que Bukele logró la reelección pese a la prohibición constitucional: destituyendo magistrados incómodos y colocando aliados en la Corte Suprema, lo que permitió reinterpretar la ley a su favor.
En este contexto, Bukele se ha convertido en el nuevo modelo de “presidente del sentido común” para Trump: una figura autoritaria pero popular, que ignora las advertencias internacionales en favor de una política de control total, especialmente contra el crimen. En El Salvador, su estrategia ha resultado en una caída drástica en los homicidios, aunque al precio de más de 85.000 detenciones, muchas sin condena.
Mientras Washington debate los límites de la ley, en San Salvador ya se han construido las celdas. Bukele se muestra dispuesto a recibir a “cuantos criminales sean necesarios”, y Trump parece dispuesto a enviarlos. Así, entre jaulas, promesas y aplausos, ambos mandatarios sellaron una alianza que, aunque polémica, define una nueva narrativa: la seguridad como espectáculo político internacional.
