El gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, baraja una carta que tuvo gran efecto en el combate del narcotráfico en Colombia, mientras el temido Pablo Emilio Escobar era amo y señor del trasiego de cocaína a nivel mundial con su cartel de Medellín.
Es un instrumento que puso a temblar, en la década de los 80, a los capos de más peso en aquel país y que desató una ola de violencia tremenda contra los cuerpos policiales.
Se trata de la implementación de una ley de extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, que en este momento no existe en Costa Rica, y que para que se ponga en marcha debe aprobarla la Asamblea Legislativa.
Este es uno de los seis proyectos de ley que Chaves presentó al Congreso como parte de la operación Costa Rica Segura, con la que pretende enfrentar la delincuencia organizada.
La preocupación de los ciudadanos por el número de crímenes violentos motivó la creación de esta estrategia que involucra acción policial, pero también mejorar el marco legal para que se pueda actuar con eficiencia contra los delincuentes y que estos reciban un castigo acorde a sus delitos.
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, dio a conocer las iniciativas al público y habló de cada una. La ley de extradición pretende, según el jerarca: “Que en Costa Rica nadie sea inmune a los crímenes que comete en el país y en el extranjero. Las personas que lo hagan deberán asumir su responsabilidad y por eso que sean requeridos, por ejemplo, en Estados Unidos, los queremos enviar para que sean juzgados ahí”.
Otro aspecto que la administración Chaves busca erradicar son los beneficios carcelarios y penas poco severas.
Sobre ese proyecto de ley, Campos explicó: “Queremos una mano firme por parte de los jueces y que se envíe a la cárcel a las personas que cometen actos criminales violentos”.
El gobierno propuso una reforma a la Ley de Control de Armas, sobre la que el mandamás de Justicia aclaró: “No se trata de una limitación al derecho de los ciudadanos honestos de portar un arma de manera legal”. La intención es castigar con más fuerza a los delincuentes que porten armas de fuego, pues “ocho de cada diez homicidios en el país se cometen con un arma de fuego”.
También se quiere modernizar las intervenciones telefónicas para que se puedan aplicar esta herramientas a más investigaciones de crímenes como el sicariato. Y se pretende una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional e hizo un llamado a los jueces: “Necesitamos a los delincuentes violentos tras las rejas, no se pueden beneficiar con cambios de pena que los pongan de nuevo en la calle”, afirmó Campos.
El ministro de Justicia manifestó que se necesita adecuar la respuesta de la Justicia Penal Juvenil, porque las bandas criminales aprovechan que a los menores que cometen crímenes “no les hacen nada” y los reclutan para cometer delitos.
Concluyó que si esta justicia es más severa se quitará el incentivo para el crimen organizado y evitar que usen a los jóvenes para cometer asesinatos.
