El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó un plan agresivo en la Asamblea Legislativa para “golpear” y “darle un guamazo” la deuda pública de Costa Rica.
Entre las medidas que más llaman la atención figuran vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), así como usar el superávit de siete instituciones para pagar y el de otros tres programas.
El funcionario les pidió a los diputados que “amarren” al gobierno con respecto al gasto y reiteró el compromiso de cumplir con la aplicación de la regla fiscal.
Chaves entregó un proyecto de ley al Congreso para que los legisladores aprueben la iniciativa de emplear los dineros de las instituciones autónomas para pagar deuda.
Las autoridades calcularon que ¢226.145 millones serían destinados a disminuir el nivel de endeudamiento, que representa un 0,62%.
El déficit fiscal es del 6,96% del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La cifra es la más alta desde los tiempos de Rodrigo Carazo, cuando el país enfrentó la crisis económica más grande de la historia.
Las instituciones que aportarán el superávit disponible por una única vez son: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Junta de Protección Social (JPS), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto de Puertos del Pacífico (Incop), Superintendencia de Telecomunicaciones; Fondo Nacional de Telecomunicaciones y la Junta Administrativa del Registro Nacional, de la Imprenta Nacional y del Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá trasladar al Ministerio de Hacienda el dinero resultante de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).
