La ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, reconoció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que hay 21 “golondrinas” con brazalete que permanecen en fuga.
A ese número se deben agregar otros 62 reos que portan el dispositivo, pero que lo andan sin carga o se encuentran incomunicados porque la ubicación de sus hogares no cuenta con la señal suficiente para monitorearlos.
Ante esta situación, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, aclaró que eso no significa que las autoridades desconozcan el paradero de los presos que gozan de este beneficio, pues la institución realiza un seguimiento en el campo.
González criticó que a pesar de que a esas 21 “palomitas” se les declaró como rebeldes ante el sistema judicial, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), que brinda los brazaletes, sigue cobrando el monitoreo diario.
Cabe resaltar que el contrato que Justicia firmó con la ESPH permite que esa compañía cobre de manera continua el servicio sin importar si un reo anda en fuga o no.
Otra de las quejas que aportó Bertozzi en la comparecencia es que hay 110 brazaletes dañados que no se han podido sustituir, porque la empresa no cuenta con el stock suficiente para cambiarlos, cuando el contrato establece que se debe hacer la reposición en un plazo máximo de ocho horas.