El OIJ realizó este 25 de agosto de 2026 tres allanamientos simultáneos en los sectores de San Pablo y Santo Domingo de Heredia. Los operativos se dieron en horas de la mañana, con agentes de la delegación regional del OIJ en Heredia al frente de la diligencia.
Como resultado, quedaron detenidas tres personas: una mujer de apellido Jiménez, un hombre de apellido Artavia, de 41 años, y un hombre de apellido Lépiz, quien ya se encontraba privado de libertad por otro delito sexual. Los tres son sospechosos de fabricar, producir y distribuir material de abuso sexual infantil.
El dato que agrava el caso
Según la investigación, la mujer detenida sería la propia madre de la menor víctima. De acuerdo con las pesquisas, era ella quien obligaba a su hija a ser grabada para producir este tipo de material.
Lo que dijo el OIJ
“Aparentemente estas personas se dedicaban a la fabricación y producción de este tipo de material, el cual posteriormente era distribuido por medio de una aplicación de mensajería telefónica”, confirmó el OIJ tras la captura de los tres sospechosos.
Cómo empezó todo
La investigación arrancó en junio de 2026, hace ya varios meses. Durante ese tiempo, el OIJ trabajó para determinar el modo de operación de esta red.
Lo que se decomisó
En los allanamientos de hoy, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, celulares y otros artículos que ahora serán analizados como parte de la investigación.
Estos dispositivos son clave: de ahí podría salir más evidencia sobre el alcance real de esta red y sobre otras posibles personas involucradas.
El tercer sospechoso ya estaba detenido
Lépiz, el tercer implicado, ya se encontraba privado de libertad por un delito sexual distinto contra una persona menor de edad. Su vínculo con este nuevo caso forma parte de lo que la Fiscalía sigue investigando.
¿Qué sigue?
Jiménez y Artavia quedaron a la orden del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en los próximos días. El OIJ señaló que este tipo de operativos forma parte de su trabajo constante para combatir la criminalidad relacionada con la explotación de personas menores de edad.
