Gilbert Bell Fernández es un viejo conocido de decenas de políticos de todos los colores desde hace décadas en el país.
Una de las confesiones que ventiló en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, en octubre del 2015, es que, hasta aquel momento, había recibido gasolina subsidiada del Estado costarricense.
Para que se muera de risa: el gobierno PAC, de Luis Guillermo Solís, lo había nombrado asesor de Incopesca.
Siempre se identificó como pescador; tal vez de ‘quesos’ y ahora, con una posición enérgica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, figura en la lista negra por narco.
Marca un récord por ser el primer tico en aparecer entre los indeseables que señala la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Esto significa que los bienes de Macho Coca, como se le conoce de toda la vida, los de su familia o de sus seres más cercanos en suelo gringo se les decomisaron.
Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que Bell está libre, pero bajo investigación. Tiene dos causas pendientes: una del 2015 por tráfico internacional de drogas y otra del 2018 por trasiego de combustible.
El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, mencionó que este sujeto tiene varias empresas legales en Limón y se conocen movimientos en Puntarenas.
El director del OIJ indicó que es difícil probar su vinculación con el narco porque es discreto y utiliza empresas fachada para sus actividades.
El Gobierno de los Estados Unidos identificaa a Bell Fernández como “uno de los más grandes narcotraficantes en Costa Rica, moviendo grandes cantidades de cocaína; también es conocido como uno de los más violentos narcotraficantes en Limón”. De igual forma relaciona el auge del narco con el aumento de los homicidios en Costa Rica.
Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, comentó: “El aumento de la violencia debido al tráfico de narcóticos en Costa Rica resalta el papel cada vez más importante del país en las redes de distribución transnacional”.
“Hay necesidad de que este país ya tome una determinación formal y proceda con la extradición de nacionales hacia otros países donde tengan cuentas pendientes con la justicia. Tenemos que entender que estamos en un sistema de justicia penal internacional y Costa Rica es un sujeto activo de este movimiento”, destacó Boraschi.
La Constitución Política prohíbe la extradición de costarricenses. Hay un proyecto de ley para una reforma constitucional que la haga posible para acusados de delitos de terrorismo y tráfico internacional de drogas. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, mencionó que el proceso es complejo, porque requerirá una comisión especial en la Asamblea Legislativa.
