El Gobierno de la República presentó los avances de su política de cero tolerancia a la corrupción, en especial la de miembros de los cuerpos policiales. La presidente Laura Fernández instruyó que los policías que sean condenados por colaborar con el crimen organizado irán a parar al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la prisión de máxima seguridad que se está construyendo.
La presidente Fernández advirtió “no queremos a policías condenados por colaborar con bandas del crimen organizado recibiendo castigos que no sean conforme con el daño que le han causado a la Benemérita, a los beneméritos cuerpos policiales de nuestro país” y agregó “tenemos que dar el ejemplo de lucha contra la corrupción limpiando parejo, ¡qué caiga el que tenga que caer!”
De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Paz, la institución detuvo a 52 de sus funcionarios, 32 policías penitenciarios y 20 funcionarios administrativos, por intentar introducir artículos prohibidos en los centros penitenciarios. Estos objetos incluyen drogas y dispositivos electrónicos como teléfonos celulares.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública informó que registra 38 causas disciplinarias contra funcionarios policiales, de los cuales 23 son oficiales de la Fuerza Pública, 12 pertenecen a la Policía de Fronteras y tres al Servicio de Vigilancia Aérea. Además, se elaboró un informe de inteligencia que advierte la posible vinculación de 116 policías con organizaciones criminales de la Zona Sur.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo sobre esto último “recientemente circuló un informe de inteligencia que reportó el 14 de abril de este año a los anteriores jerarcas, al viceministro que estaba, Eric Lacayo, y al director de la Fuerza Pública, don Marlon Cubillo, a 122 personas. Este informe este gobierno lo desconocía”.
El Ministro dio a conocer un servicio para que los ciudadanos presenten denuncias anónimas en contra de policías corruptos a través de la cuenta de correo cerotolerancia@msp.go.cr. “Ahí vamos a querer que nos envíen, cualquier ciudadano, cualquier información que tenga de algún acto de corrupción, de manera anónima, como quiera, pero queremos que sean datos fiables que nos permitan seguir esta lucha”, dijo Campos.
