El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, interpuso este viernes 14 de agosto del 2026 una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por una amenaza de muerte que recibió contra él y su familia.
La amenaza estaría relacionada a un pronunciamiento del Instituto Nacional de Criminología (INC), dependencia de Justicia, sobre la liberación de Luis Alberto Lara Villanueva uno de los hermanos de cabecillas de Los Lara, quien se encuentra detenido en el Circuito de Alta Contención, en La Reforma.
En las amenazas enviadas por Facebook a Aguilar, un sujeto llamado Jean Marín indica que le harían daño al él, a su papá y su hermano por “andar diciendo que no dejaran libre a los Lara”.
También envía una foto con una pistola apuntando, es decir, un claro mensaje de muerte.
Lara iba a quedar libre el próximo lunes 17 de agosto del 2026, sin embargo, tras la solicitud del INC al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela para dejar sin efecto una resolución que modifica la pena, Lara saldrá de la cárcel hasta el 26 de marzo del 2027.
Al hombre también se le vincula con un supuesto plan para atentar contra la presidente, Laura Fernández.
Incluso, las aparentes amenazas en las que decía que contrataría a un francotirador para matar a la mandataria se generaron desde el teléfono público donde permanece recluido.
Este antecedente se tomó en cuenta para echar atrás con la decisión de dejarlo en libertad anticipadamente.
Detalle
De acuerdo con el INC, la resolución judicial reconoció a Lara Villanea descuentos en su pena correspondientes a periodos en los que, según los registros penitenciarios, no trabajó para obtener ese beneficio.
Uno de ellos comprende del 16 de mayo al 14 de agosto del 2008, cuando estuvo en prisión preventiva, y otro desde el 29 de agosto del 2025, cuando ingresó al Circuito de Alta Contención.
El Instituto cuestionó además que la resolución no especificara cuáles jornadas fueron registradas, ni el número de días efectivamente descontados y recordó que el reconocimiento de labores no implica automáticamente una reducción de la condena, pues corresponde al juez determinar si el beneficio procede.
La Unidad de Cómputo de Penas había establecido el 17 de agosto del 2026 como fecha aproximada de cumplimiento de la pena con descuento, pero el INC advirtió que esa fecha no podía asumirse automáticamente sin un análisis judicial sobre la legalidad y exactitud del beneficio reconocido.
Ante ello, el 6 de agosto, el Instituto Nacional de Criminología solicitó al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela dejar sin efecto la resolución dictada a favor de Lara Villanea.
También pidió tomar en consideración la alerta relacionada con las aparentes amenazas contra la presidenta Laura Fernández y el expediente que se tramita por estos hechos en el Ministerio Público de Alajuela.
