*Por Reinaldo Lewis P.
La renuncia de Rocío Aguilar al Ministerio de Hacienda nunca debió ser aceptada por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
El mandatario debió tomar, tanto esa renuncia como la parte del informe de la Contraloría General de la República en que se pedía una sanción con la ahora exfuncionaria y echarlos al cesto de la basura.
El mundo real existe. Eso no es algo que se pueda o se deba obviar. Y en el mundo real hay que asumir responsabilidades. El presidente debió asumir la suya para con una funcionaria que solo se limitó a hacer, entre dos males, el menos pernicioso para el país.
A ver: según la Contraloría se le achaca a Aguilar haber realizado pagos de deuda sin autorización de la Asamblea Legislativa. Eso es cierto. También es cierto que es una actuación ilegal, pero, ¿acaso había otra salida?
Yo vengo pidiendo que los señores de la Contraloría nos digan cuál era la salida legal, porque yo no la veo. Desde mi punto de vista, la única otra opción era no pagar mientras se preparaba un presupuesto extraordinario, se enviaba a la Asamblea Legislativa y se conseguía la aprobación de los diputados para proceder con los pagos.
Pero eso hubiese implicado decirle al mundo financiero que Costa Rica no honra sus obligaciones, con lo que eso implica en el ámbito donde la credibilidad es el capital más importante con que se cuenta.
Los señores de la Contraloría guardan silencio. Se han limitado a decir que la funcionaria debió ser más diligente. Eufemismos en tiempos de realidades. Esa no es una respuesta. Nos deben decir en blanco y negro qué acción debió tomar la ministra. Pero, su silencio solo nos reafirma que lo saben.
Y son los mismos funcionarios que no se dieron por enterados nunca del problema, a pesar de que se venía presentando por casi un año. Y tienen el descaro de señalar a una señora porque no se dio cuenta en un mes y no tomó acciones oportunas.
¿Qué acciones tomaron ellos? Ni siquiera revisaron lo elemental que debieron de haber revisado en cuanto a los manejos presupuestarios durante la administración anterior. Y qué interesante: no determinaron ninguna sanción para ellos mismos por semejante grado de irresponsabilidad.
Yo me pregunto si con todo esto, en realidad no hay otros elementos detrás. Es imposible no pensarlo cuando recuerdo la cantidad de acciones legales que llevaron adelante decenas de funcionarios de la Contraloría cuando doña Rocío era su jefa y decidió impulsar las reformas en materia salarial. Se ganó muchos enemigos allí adentro. Y a como funcionan muchos funcionarios públicos en este país, que creen que las instituciones son de ellos, no me extrañaría que alguno pensara que era una gran oportunidad para cobrársela a doña Rocío.
Y el presidente cayó en la trampa. Todo para evitar que se le criticara. Perdón, pero cuando se accede a un cargo de esa naturaleza, es para tomar decisiones fáciles o difíciles. Cada una será según la necesidad. Pero, no corresponde evadir los riesgos.
Aquí se evidencia un claro contraste entre la decisión de doña Rocío y la del presidente. Ella pudo no hacer nada en el tanto las dos únicas opciones que había la llevarían a un terreno pantanoso de ilegalidad. Pudo haber renunciado asumiendo que el problema lo habían generado otros -esos sí, evidentemente irresponsables-. Pero no hizo ninguna de esas dos cosas para cuidar su imagen. Tomó el camino menos peligroso para el país. Yo hubiera espera que el presidente hubiese actuado igual. Pero, por lo visto, era mucho pedir.
*Periodista
