- Carlos Rojas y Álvaro Alvarado perdieron a sus hijos adolescentes a manos de delincuentes. Casi dos décadas después, cuestionan que las autoridades vuelvan la mirada hacia los privados de libertad mientras las familias de las víctimas siguen reclamando atención.
Carlos Rojas y Álvaro Alvarado saben lo que significa enterrar a un hijo. Ambos perdieron a sus muchachos por la delincuencia y, aunque han pasado casi 20 años, el dolor sigue acompañándolos todos los días.
Hoy, además de cargar con esas ausencias, los dos padres cuestionan la atención que el Estado brinda a las víctimas de homicidio y sus familias.
Sus testimonios cobran especial relevancia después de que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, participara en una visita al Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO), junto con representantes de la Defensoría de los Habitantes y otras instituciones, para investigar denuncias sobre las condiciones de los privados de libertad.
Mientras las autoridades examinan posibles abusos en esa cárcel, Carlos y Álvaro reclaman que también se atienda a quienes han perdido a sus seres queridos por la criminalidad.
Le arrebataron a su único hijo
Cristian Rojas Araya tenía 17 años cuando fue asesinado el 25 de agosto del 2006, dentro de su vivienda en La Aurora de Alajuelita.
Los delincuentes aprovecharon su afición por los videojuegos para acercarse a él y facilitar un robo. Lo golpearon y asfixiaron. Entre las pertenencias sustraídas había una consola.
Su padre, Carlos Rojas, recuerda que aquel día perdió mucho más que a su único hijo.
La tragedia golpeó también a su esposa, Rosibel Araya. La pareja perdió sus negocios y su casa, y terminó viviendo en un pequeño espacio que les facilitaron familiares.
Con el paso de los años, don Carlos encontró en la fe la fuerza para perdonar a los responsables, pero nunca ha dejado de cuestionar el trato que reciben las víctimas.
“¿Dónde está el apoyo psicológico para los hijos o para el padre? Nada”, reclamó en entrevista con ¡Qué Torta!
También relató que uno de los involucrados en el caso lo buscó hace aproximadamente un año para pedirle perdón.
Aunque aseguró que ya había perdonado, dejó claro que no desea mantener relación alguna con esas personas.
Murió defendiendo a una compañera
La historia de Álvaro Alvarado es igualmente dolorosa.
Su hijo David Alvarado López, de 16 años, fue asesinado el 15 de marzo del 2008, durante una actividad estudiantil en San Francisco de Dos Ríos.
El adolescente intervino cuando un delincuente intentó robarle el celular a una compañera. El asaltante le disparó y acabó con su vida.
El responsable señalado por los investigadores murió años después, sin enfrentar un juicio por el homicidio.
Don Álvaro cuenta que la pérdida de David también terminó destruyendo su matrimonio.
“Esto es un naufragio, yo tenía mi esposa y tenía mis hijos, y luego de esto pues cada uno trata de sobrevivir como pueda”, expresó.
El padre participó durante años en organizaciones dedicadas a acompañar a familias que atravesaban tragedias similares.
Sin embargo, considera que el apoyo institucional sigue siendo insuficiente.
“Y aunque sea uno, es una familia que está llorando”, manifestó al cuestionar que la violencia se reduzca a estadísticas.
¿Y los derechos de las víctimas?
El viernes 13 de noviembre del 2026, el fiscal general Carlo Díaz explicó que una comitiva integrada por representantes de varias instituciones visitó el CACCO para examinar denuncias de presuntos abusos de autoridad, tortura y violencia sistemática.
Según Díaz, los privados de libertad denunciaron restricciones para estudiar, trabajar y comunicarse con sus familiares, así como presuntas agresiones y dificultades para recibir atención médica.
El fiscal indicó que encontraron situaciones que podrían constituir violaciones de derechos humanos, aunque aclaró que las investigaciones deben profundizarse.
Frente a esa atención institucional, los dos padres plantean otro reclamo: ¿quién acompaña a las familias que quedan destrozadas después de un asesinato?
Carlos Rojas fue especialmente severo al referirse a la asistencia que recibió tras la muerte de Cristian.
“Yo pedí protección, pedí esto. No hay nada. No pasa nada. No dan apoyo”, aseguró.
Don Álvaro también cuestionó que las víctimas deban enfrentar prácticamente solas las consecuencias emocionales, familiares y económicas de un homicidio.
Ambos consideran que el sistema debe garantizar atención a las víctimas y no concentrar sus esfuerzos únicamente en quienes cumplen condenas.
Respaldo la mano dura
Los dos padres coinciden en respaldar un mayor control sobre la población penitenciaria, aunque con diferentes matices.
Don Carlos defiende abiertamente el funcionamiento del CACCO y las medidas impulsadas por el gobierno de Laura Fernández y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas.
“El CACCO es el lugar que se merece a los delincuentes. No es un hotel”, afirmó.
Don Álvaro también considera necesario endurecer las medidas frente a la delincuencia, pero advierte que eso no basta.
“La mano dura va a bajar la delincuencia a través de penas, pero no resuelve el problema”, señaló.
A su juicio, Costa Rica necesita una estrategia integral que atienda las causas sociales de la criminalidad y permita una participación más activa de las organizaciones civiles.
Los dos reconocen, desde perspectivas distintas, la importancia de combatir la delincuencia sin que eso implique permitir abusos contra los privados de libertad.
Pero también insisten en que las familias de las víctimas merecen atención, acompañamiento y justicia.
Cristian soñaba con convertirse en biólogo marino. David quería estudiar Arquitectura.
Ninguno pudo cumplir sus sueños.
Sus padres siguen viviendo con esa ausencia. Y casi dos décadas después, reclaman que el Estado no se olvide de quienes también pagan, de por vida, las consecuencias de la delincuencia.
